En la segunda quincena de enero, la Comisión Permanente del Poder Legislativo recibirá al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Sobre la mesa pondrá un relevamiento que indica que 2023 culminó con una sensible alza en la cantidad de homicidios con respecto a 2022.

La seguridad es el principal desafío hoy para la sociedad uruguaya, según lo diagnostica la izquierda en su programa de gobierno. Sobre todo, por la evolución de los homicidios, cuyo promedio por habitante ubica al país en el sexto lugar de América Latina. “Es una realidad que interpela al sistema político”, se asegura.

Se indica, además, que la criminalidad tiene un impacto desigual, según factores socioeconómicos, consolidando así zonas de alta vulnerabilidad y menor presencia relativa del Estado. “En medio de la escasez de oportunidades atractivas de desarrollo personal y para la generación de ingresos, muchos jóvenes construyen una identidad basada en la participación en grupos ligados a la criminalidad, la violencia y el narcotráfico”, se agrega. Y se alerta de que estos son desafíos que un programa “progresista e integral” en seguridad pública debe enfrentar.

Es que la seguridad pública también es un desafío para el propio Frente Amplio, que reconoce que la seguridad pública constituyó una de las principales causas de su derrota en 2019. Fue uno de los mayores reclamos que la izquierda recibió en estos últimos dos años, en las giras de “El Frente te escucha”, destinadas a recuperar el contacto con la ciudadanía.

En el documento que resume esas giras, al que accedió El País, se subraya que los reclamos han sido comunes en personas y organizaciones de todo tipo, siendo el “problema de coyuntura” donde existe más amplio consenso sobre su deterioro.

“Haber negado el problema de la seguridad fue un grave error que cometieron”, dice el documento en cuanto a uno de los señalamientos que recibieron los dirigentes frenteamplistas. “Dijeron que la seguridad no movía la aguja, y resulta que no fue así”, se agrega. Allí se detalla que en varias entrevistas quedó planteada la crítica al Frente Amplio y se consideró que no se abordó bien el tema en su administración. “No se encaró la inseguridad”, fue la conclusión.

“Había solo derechos, pero no obligaciones y respeto”, sigue el texto. Y todo en medio de una percepción extendida: en el último gobierno, el FA “le perdió el pulso a la sociedad” y “no supo interpretar sus reclamos” y su “cansancio”.

Sin descuidar acciones policiales, el FA, de cara a la campaña electoral de este 2024, piensa en un plan que apueste a la convivencia social y la “transformación cultural”, con la promoción de valores y un mayor enfoque en la prevención del delito.

Una mayor presencia del Estado en el territorio es considerado algo clave. El FA promete analizar la viabilidad de trasladar o instalar servicios públicos para facilitar el acceso a ese Estado, además de una fuerte inversión en infraestructura urbana. También apuesta a modelos de Policía de proximidad y Policía orientada a problemas, que actúen en la comunidad en cooperación con organizaciones sociales y comunitarias.

En los papeles, suena similar al programa de “interrupción de homicidios” que el Ministerio del Interior comenzará a desplegar en febrero en varios barrios, y que, según la cartera, “complementa la labor policial con la de actores comunitarios en territorio”. Sin embargo, el Frente Amplio se negó a firmar el documento emanado de la mesa interpartidaria sobre seguridad pública que, convocada por el Poder Ejecutivo, funcionó hasta mediados de año con 15 medidas destinadas a abordar el problema. Ahora, en su programa, la izquierda apuesta por un “ámbito de diálogo permanente” sobre políticas de seguridad y convivencia, con la participación de actores políticos, de la academia y la sociedad civil.

Otra clave, se expresa, será atender como “emergencia” la situación de hacinamiento y condiciones de vida en las cárceles. También se promoverá la revisión de la normativa legal y una mayor regulación de las penas alternativas a la prisión.

Así, se prometen cambios normativos que apliquen criterios de “racionalidad y proporcionalidad” en la aplicación de penas por tráfico de drogas, “evitando que la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables”. Por otro lado, se apuesta a un directo combate a la corrupción y el lavado de activos, con énfasis en el narcotráfico internacional.

El plan incluye la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Se lo piensa con la capacidad de “diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI”, dotando de un “mejor orden institucional” a competencias que hoy aparecen dispersas y mal articuladas: derechos humanos, cárceles, registros públicos y estadísticas de criminalidad, entre otros. Se trata de una propuesta que, con matices, es compartida por amplios sectores políticos, que, sin embargo, mantienen diferencias en los cometidos de este nuevo ministerio.

El Frente Amplio debe definir su postura concreta en torno a la habilitación de los allanamientos nocturnos. Ni Yamandú Orsi ni Carolina Cosse consideran que esta herramienta sea una solución de fondo. Mario Bergara, en tanto, sugirió un acuerdo legislativo que, sin necesidad de un plebiscito, pueda habilitarlos en lugares en los que se venda droga y que no sean “estrictamente hogares”. Bergara insistió: “Los allanamientos nocturnos, por sí solos, no representan solución; en seguridad pública no hay medidas mágicas”.