El Banco de Previsión Social (BPS) les pagará a los ahorristas voluntarios "menos de los que les correspondería" y además "incumple" con el plazo de asesoramiento obligatorio que esa institución debió brindar a las personas incorporadas en el régimen mixto. La doble sentencia corresponde a Renán Rodríguez, que entre 1985 y 1989 fue subsecretario de Trabajo y de Seguridad Social y que, a inicios de este gobierno, formó parte de la la Comisión de Expertos creada por la última ley de Urgente Consideración (LUC), un organismo cuyo trabajo desembocó en el actual sistema previsional.

Sus advertencias, incluidas en un informe al que accedió El País, están dirigidas en dos sentidos: por un lado, determinadas características de la propia normativa. Por el otro, aspectos vinculados a la intervención preceptiva del BPS en las solicitudes de revocación de la opción que determinadas personas hicieron en su momento de distribuir sus aportes entre el propio banco y una AFAP.

La vigente ley sobre Reforma de la Seguridad Social, reglamentada por decreto en 2023, creó un "sistema previsional común" y determinó el sistema de convergencia de los regímenes hasta entonces vigentes.

En diálogo con El País Rodríguez recordó que, en la situación anterior a la reforma, para aquellas personas cuyos ingresos laborales fueran menores a $ 85.607, a la equivalencia actual, y hubieran optado por el artículo 8, sus aportes personales a la seguridad social se repartirían, a partes iguales, entre el BPS y las administradoras privadas (AFAP). También que, para estimular el ahorro voluntario, la ley que creó el sistema mixto aprobada en 1995 estableció para ellos un "sueldo básico jubilatorio" por el que multiplica por 1,5 las asignaciones computables mensuales por las que efectuaron aportes al régimen de solidaridad intergeneracional.

Tomando ese dato como base para el cálculo, Rodríguez afirma que el que ganaba hasta esa cifra, el que hizo la opción tendrá un ingreso total jubiltorio de $ 41.392, de los que $ 28.892 serían "gasto público". Por el contrario, los que no optaron por el ahorro y aportaron íntegramente al BPS, se jubilarían con $ 38.523, que sería "todo gasto público".

Al respecto, Rodríguez apuntó que la vigente reforma establece específicamente que esa distribución de aportes es exclusivamente aplicable a los ahorristas voluntarios al 1º de noviembre de 2023, y que la norma "entiende" que para los nacidos desde 1978 en adelante, a los que describe como "millenials" y "generación Z", que configurarán causal jubilatoria en 2043, esta disposición no se les aplica. Por lo tanto, en su caso se retirarán, sumando BPS y jubilación por ahorro, con $ 31.762. Es decir, con un ingreso jubilatorio del 82% del no ahorrista, a pesar de que el no ahorrista supondrá un "gasto público" del doble del ahorrista.

En su visión, se trata de una "incorrecta interpretación de la ley", que perjudicará a cientos de miles de afiliados. "El estímulo legal para ahorrar se convertirá en un perjuicio para el jubilado y en un mayor gasto público", indicó.

Rodríguez también afirmó al asesoramiento preceptivo que el BPS debió realizar —y no hizo— a las personas que, al 1 de diciembre del año pasado, tenían entre 40 y 49 años y que en su momento optaron por la distribución especial de aportes entre el banco y las AFAP y que eligieron revocar esa opción.

Los interesados debieron manifestar su voluntad antes del 30 de noviembre del año pasado, y debieron "reservar el derecho" a recibir ese asesoramiento antes de oficializar su opción. Asesoramiento que, recordó el ex subsecretario, era obligatorio pero que, indica, a la fecha no se produjo.

Una vez concretada la opción, estas personas pasarán a aportar a las AFAP solo en los meses en que sus ingresos superen el primer pilar de aportación, hoy equivalente a los $ 85.607 mencionados.