Redacción El País
El gobierno alertó que habría un impacto en el “bolsillo de los trabajadores” de aprobarse el plebiscito de la reforma de la seguridad social que lleva adelante el Pit-Cnt y divide aguas en el Frente Amplio. En el Parlamento argumentaron por qué esta administración cree que no debería avanzar la iniciativa que quiere limitar a 60 años el mínimo de la edad jubilatoria, eliminar las AFAP y equiparar las jubilaciones mínimas y pensiones al salario mínimo nacional.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, apuntó que nunca habían tenido delante una “propuesta tan demagógica”, “descabellada e insólita” como la reforma de la Constitución que se quiere hacer. Y criticó que al momento de la recolección de firmas “no le dicen” a las personas lo que su aprobación le costaría en materia económica a la población.

Mieres planteó que para financiar las modificaciones que están en el plebiscito se necesitaría aumentar los impuestos o subir el aporte jubilatorio personal y patronal.

Primero se detuvo en el incremento que implicaría en los impuestos. El ministro explicó que hoy siete puntos del IVA -que tiene una tasa básica de 22% que abonan las personas cuando compran bienes y servicios- se destinan al déficit jubilatorio. Pero, si se aprueba la reforma jubilatoria, se debería incrementar el porcentaje para poder sostener el sistema.

Para 2050 se estima que habría 5 puntos del PIB de déficit, para los que se requerirían 13,4 puntos de IVA adicionales. Y el número aumenta con el correr de los años: en 2100 se necesitan 21,5 puntos de IVA adicionales para financiar 8,1 puntos de déficit.

El otro camino para sustentar el sistema, señaló Mieres, sería aumentar los aportes jubilatorios que hacen las personas, que hoy es el 15% del salario nominal mensual. Así como también se deberían incrementar los aportes patronales, hoy en 7,5% por empleado.

Desde el BPS se informó que para financiar el déficit de 8,1% que se estima para 2100, se requeriría aumentar 17,21 puntos de aporte personal y patronal. Por lo tanto, los aportes quedarían en 22,5% a 56,92%, respectivamente.

Además de que -continuó Mieres- el aumento de los aportes patronales traería como consecuencia una disminución del empleo y un aumento de la informalidad en el mercado laboral, así como una reducción del salario.

El presidente del BPS, Alfredo Cabrera, apuntó a su turno que la propuesta de la reforma constitucional “va mucho más allá de atacar aspectos que no se consideraron buenos de la ley” que se aprobó en 2023. Y continuó: “En los hechos queda demostrado por qué hay destacados economistas que han estado en contra de la soluciones de la nueva normativa y hoy están en contra de la propuesta de plebiscito”.

También desde el BPS, su gerenta de asesoría general de seguridad social, Mariella Lazo, señaló que el “volver a una edad mínima de retiro de 60 años incrementa el número de jubilados en el largo plazo”. De acuerdo a los datos del banco, que no tienen en cuenta las cajas paraestatales ni la militar y policial, “en 2050 totalizarían unos 672.000 jubilados”. Esa cifra es “cerca de un 7% mayor a la estimación que se logra” con la reforma de la seguridad social que se aprobó en 2023, lo que “implica un mayor egreso por jubilaciones”, indicó.

Por otra parte, habló sobre la intención del Pit-Cnt de igualar el salario mínimo nacional al mínimo de las pasividades. De aplicarse, contó Lazo, “se verían beneficiadas cerca de 497.400 prestaciones, de las cuales un 50% corresponden a jubilaciones, un 34% pensiones de sobrevivencia y casi un 17% a pensiones no contributivas por vejez e invalidez”. Y añadió: “El costo anual asociado a esta medida alcanzaría los US$ 1.038 millones que equivalen a 1,3% del PIB. Este monto se iría incrementando en el largo plazo debido al aumento de pasivos”.

También se refirió a la propuesta de eliminar las AFAP. La aprobación implicaría el “pasaje de la totalidad de los activos a un sistema de reparto, generando una expansión del sistema”. Por lo tanto, en el “corto plazo se presenta un incremento de los recursos” y se “lograría disminuir el déficit del organismo”. No obstante, en el “largo plazo se agotarían estas reservas y en forma concomitante aumentaría el egreso por prestaciones y en consecuencia el déficit del sistema, lo que se agrava aún más por el envejecimiento de la población”, concluyó.

Foto: Estefania Leal