La seguridad es uno de esos temas que puede decirse que no suscita grandes diferencias entre los políticos, tanto respecto a su diagnóstico como en las medidas a tomar. Es decir, todos aceptan que la droga es tal vez el principal problema detrás de los homicidios y la delincuencia organizada, que hay que intervenir en forma directa en aquellos barrios que son escenario del enfrentamiento entre bandas, y todos actúan a conciencia de que los efectos de la inseguridad constituyen casi siempre -como volvieron a decir ahora las encuestas- el principal problema de los uruguayos.
Pero, sin embargo, sí hay diferencias -que muchos podrán atribuir más a razones políticas que de fondo- no solo entre el oficialismo y la oposición, sino dentro del actual oficialismo, y más las hay cuando de prepararse para las próximas elecciones se trata. Claro que muchas veces es una cuestión de “énfasis” o “matices”.
Marcarlas no es tarea sencilla para el partido de gobierno, y más cuando quienes aparecen como sus dos probablesprecandidatos a ganar la interna -el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la economista Laura Raffo- están intrínsecamente alineados con las políticas actuales. El primero por directamente conformar el gobierno, la segunda porque tiene al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como uno de los principales dirigentes que la apoyan y porque su discurso de campaña -que inició por estos días- propone reconocer enfáticamente lo que considera como logros de la actual administración de Luis Lacalle Pou.
Allegados a ambos dirigentes del Partido Nacional señalaron a El País que aún no tienen un referente claro en este tema, porque todavía se está en una etapa muy embrionaria. En el caso de Raffo hay, sí, algunas ideas ya elaboradas, como transmitió a El País días atrás, al destacar la importancia de luchar contra el narcotráfico en los tres planos -“aéreo, terrestre y marítimo”-, y en los dos niveles: la oferta, que es el habitual cuando se combate a los narcos, pero también en la demanda, con campañas de desestímulo del consumo y apostando fuerte a políticas de adicciones y salud mental. La dirigente tiene ya una mesa de técnicos trabajando en este sentido, y la referencia ineludible del ministro Heber.
Delgado, por su parte, se enfrenta a otro escenario, porque es considerado por propios y extraños como el “candidato oficial”, lo que le impide hablar o comunicar en cualquiera de sus formas propuestas de campaña, pues ello implicaría referirse a problemas cuya solución no estaría brindando como gobernante actual de la Torre Ejecutiva. “Hacerlo sería incoherente”, sintetizó un dirigente cercano al secretario de la Presidencia.
Distinto es el panorama de la otra figura nacionalista que se proyecta como presidenciable aunque algo más relegado en las encuestas, el senador wilsonista Jorge Gandini (ver recuadro), y más aún lo es en el resto de los partidos de la coalición de gobierno -y ni que hablar en el Frente Amplio, aunque aquí tampoco hay muchas definiciones (ver recuadro).
Gandini busca un nuevo organismo para cárceles
Jorge Gandini, cada vez más decidido a ser precandidato del Partido Nacional, tiene algunos planteos ya delineados sobre seguridad. Uno de ellos es la institucionalidad que, cree, debería tener la administración del sistema carcelario. “Hay que hacer una descentralización para los adultos en conflicto con la ley penal”, señaló. Es decir, su propuesta consiste e crear, juntando a la OSLA -la institución que gestiona a los que están con medidas alternativas-, un organismo aparte, “con los recursos necesarios”.
Los colorados tienen a su servicio al penalista Andrés Ojeda y al politólogo Diego Sanjurjo. Ojeda, hoy abogado del sindicato policial, es considerado más un hombre del partido, al margen de la división de sectores, ya que, por ejemplo, fue el designado para participar de las reuniones multipartidarias con miras a conformar un documento de consenso sobre medidas de seguridad, trabajo que además coordinó Sanjurjo desde su rol de asesor de la cartera de seguridad.
Los puntos reunidos en el documento -que no será votado, al menos, por el Frente Amplio y por Cabildo Abierto- son, señalaron fuentes coloradas, una muestra de la impronta que, al menos en el sector Ciudadanos, se buscará darle cuando ya esté presentado a su precandidato a presidente, que saldrá entre los nombres de Robert Silva, presidente de ANEP, y el senador y exministro de Ambiente, Adrián Peña. Del otro lado, en Batllistas, no hay un referente claro de acuerdo al sondeo que ha hecho El País. Y, representando a la Tercera Vía, aparece el diputado Gustavo Zubía, quien ha hecho de la seguridad uno de sus principales temas de su discurso político.
En Cabildo Abierto, mientras tanto, tienen a Jorge Gómez como referente, un militar retirado quien también ha participado de la mesa multipartidaria y ya ha avisado que solo comparte algunos de los puntos planteados. El presidente de este partido, el senador Guillermo Domenech, señaló a El País que más allá de esta figura, la fuerza que lidera Guido Manini Ríos tiene, en el tema seguridad, el insistente planteo de “abrir comisarías”, preocupación que han planteado al ministro Heber en más de una ocasión. Pero también entienden sumamente necesario “tratar de generar en las cárceles verdaderos programas de re-educación en base al trabajo” para lograr así una efectiva reinserción social de los reclusos.
Y en el Partido Independiente es actualmente el diputado Iván Posada quien continúa centralizando los asuntos de seguridad. Para este legislador hay un tema crucial que debería atenderse en un futuro gobierno, más allá de que forma parte del listado del documento coordinado por Sanjurjo, y es la creación de una policía comunitaria, “un elemento sustancial para tener como referencia directa a nivel barrial, que interactúe con vecinos de forma tal de tener antenas en los barrios sobre todos los temas de seguridad pública”.
Sondeo de Orsi, indefinición de Cosse y el rol de Leal
El Frente Amplio se encuentra desde hace meses enfocado en el armado de su programa de gobierno, que será definido y refrendado en el próximo congreso que se hará en diciembre, instancia en la que también se terminarán de oficializar las candidaturas.
Por eso, los entornos de quienes se proyectan como los dos precandidatos a ganar la interna en 2024, los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi (Canelones) -este último todavía manteniendo el favoritismo de acuerdo a las últimas encuestas-, empiezan a parecerse de a poco a posibles futuros gabinetes.
En el caso de intendenta de Montevideo, señalaron fuentes cercanas, no hay todavía un trabajo consolidado en seguridad como categoría programática. Recién están armando los equipos técnicos y “no se han manejando nombres”. En el transcurso de agosto comenzaría un proceso en este sentido.
En tanto, en el caso de Orsi, hay algunos sondeos, en este tema y en otros, ya pensando en la conformación de equipos. Según supo El País, ha habido contactos con el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, quien no obstante estaría más inclinado a asumir al frente de un eventual Ministerio de Justicia -sobre cuya creación hay consenso en todo el sistema de Justicia y entre los partidos políticos- que del Ministerio del Interior.
Y luego está, a nivel de toda la coalición de izquierda, la figura del sociólogo Gustavo Leal, quien fue director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior en el último gobierno del Frente Amplio, además de asesor del fallecido exministro Eduardo Bonomi. A cargo del programa El Frente te Escucha, fue el representante de la oposición en las reuniones multipartidarias de seguridad del actual Ministerio del Interior, que concluyó en un documento con algunos puntos de relativo consenso. Siegue siendo, pues, una referencia ineludible en este tema para el Frente Amplio, como confirmó el presidente de esta fuerza política, Fernando Pereira.