PARLAMENTO

La Cámara de Senadores aprobó este martes con 12 votos en 29 la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por el contrato firmado entre el gobierno y la compañía belga Katoen Natie.

"El puerto es un tema muy sensible para el país, en lo económico y en lo social. Tiene una gran incidencia en los temas de competitividad, en el comercio exterior, interior, exportadores e importadores", dijo el sendor frenteamplista Charles Carrera, quien será el miembro interpelante.

Carrera expresó que el contrato, que fue firmado por un plazo de 50 años, abarcará 12 períodos de gobierno y consideró que por tanto debería haber existido un diálogo previo con todo el sistema político, la comunidad portuaria y el resto de los involucrados.

En esa línea el senador hizo mención al carácter de confidencialidad que tiene el acuerdo. "Esta bancada, al enterarse de esta negociación, presentó un pedido de informes. El camino fue la falta de transparencia", expresó.

"Cuando el presidente anunció el 3 de marzo que se había llegado a un acuerdo decidimos convocar al ministro (en ese entonces Luis Alberto Heber) a la Comisión de Transporte en el Senado. El ministro concurrió en dos oportunidades", relató. 

En la primera, expresó, "se comprometió a entregar informes jurídico, financieros-contables" al respecto de la negociación con Katoen Natie, "porque una negociación de esta envergadura tiene que tener un presupuesto básico, que es el expediente administrativo".

"En la segunda presentación ante la comisión se nos presentó un documento en hoja A4, de pocas carillas, sin firma y sin membrete, y se nos dijo que no se nos iba a entregar la documentación porque se debería cuidar la posición del Estado ante futuros eventuales juicios y eso nos llamó la atención", dijo el senador.

En ese punto, expresó, confirmaron "la peor hipótesis: la falta de diligencia y un conjunto de ilegalidades porque no se cumplieron una serie de normas, como la Ley de Puertos y la que dispone la propia concesión", agregó.

"Así que es por eso que en mérito de este conjunto de ilegalidades, de pérdida de soberanía en el manejo de nuestra política portuaria es que estamos fundamentando y presentamos esta moción", finalizó.

El acuerdo entre la empresa belga y el gobierno fue posible luego de que se definiera que la compañía desistiría de un juicio internacional que había entablado contra el Estado uruguayo. Para esto se decidió extender el plazo de la concensión por 50 años, así como una inversión de US$ 460 millones.

La empresa que es propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores), reclamaba violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay.