Con los votos del oficialismo el Senado aprobó este martes, por 16 en 25, el proyecto de ley que propone la internación de adictos por "voluntad anticipada", cuyo objetivo declarado es "garantizar el derecho de toda persona que padezca de adicción o consumo problemático de drogas" a "recibir el tratamiento adecuado para su desintoxicación".

A partir de su vigencia, toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, que padezca adicción o consumo problemático de drogas, "tendrá derecho a expresar anticipadamente su voluntad, en forma consciente y libre", de ser sometido al tratamiento adecuado e indicado para su desintoxicación. El proyecto señala que las condiciones y duración del tratamiento "serán las indicadas por el médico y el equipo profesional tratante".

"A nadie escapa el problema del tremendo aumento consumo de droga, particularmente entre nuestra juventud", afirmó el senador Guido Manini Ríos al defender la iniciativa. Allí habló de las pocas posibilidades que tienen hoy las familias de adictos que no cuentan con recursos económicos para afrontar un tratamiento. En ese contexto, el líder de Cabildo Abierto cuestionó la respuesta “corta e insuficiente” que brinda hoy el Estado ante esta problemática.

En línea con el pensamiento que ha mantenido desde que ingresó a la política el excomandante del Ejército adjudicó gran parte del problema de las adicciones a políticas implementadas por el propio Estado. "De la mano de la legalización del consumo de marihuana hubo un sustancial aumento en el consumo de los jóvenes, que no perciben los riesgos", señaló.

Manini admitió que esta ley no será una solución definitiva, pero sostuvo que "aporta" en la dirección de las medidas que el Estado deberá asumir para encarar de fondo el problema.

El debate en sala giró en torno a un aspecto central: el texto no prevé en ningún lugar los recursos a aplicar para garantizar su cumplimiento. Todo quedará librado a lo que pueda ser incluido en la próxima Rendición de Cuentas. Manini Ríos garantizó que su partido hará los máximos esfuerzos para que los fondos a atribuir sean los necesarios y así "terminar con la impotencia de muchos padres y familiares cuando su hijo cae en la adicción".

La eventual internación deberá ser realizada en clínicas públicas o privadas, en cuyo caso los costos serán de cargo del interesado. La "expresión anticipada" deberá ser expresada por escrito con la firma de un titular y dos testigos, o ante escribano público a través de acta notarial y luego homologada ante la Justicia.

El proyecto generó un gran debate en la interna del Frente Amplio que terminó por no dar sus votos para su ratificación. En la oposición se expresó simpatía por los objetivos de la iniciativa, surgida a partir de planteos de Madres del Cerro, una organización que nuclea a familiares de personas con consumo problemático.

Sin embargo el senador socialista José Nunes advirtió en sala que, tal como está redactada, la ley habilitaría a internar a una persona contra su voluntad. Una posibilidad que, recordó, ya está prevista en la ley de Salud Mental vigente desde agosto de 2017. La diferencia, indicó, es que este proyecto no ofrece ningún tipo de garantías para la persona afectada y constituirá un "retroceso" en materia de derechos.

Según el texto la persona deberá continuar el tratamiento o permanecer hospitalizada si los profesionales actuantes consideran que existe "riesgo inminente" para su vida o la de terceros o que su alta impida proseguir con el tratamiento. En esos casos, "no será posible" ejercer la revocación de la expresión de voluntad anticipada.

Por su parte el senador Alejandro Sánchez (MPP) apuntó a la falta de recursos previstos para su aplicación. A su entender, la aplicación de este proyecto llevará a una “estigmatización social”: el que pueda acceder a un tratamiento en una clínica privada lo hará. El que no, aseguró, tendrá que recurrir a Salud Pública y, si allí no hay camas disponibles, “seguramente lo vaya a buscar un patrullero y termine en un calabozo”, generando así un “círculo de violencia brutal”.