Redacción El País
La Cámara de Senadores votó este miércoles el proyecto de ley que plantea una solución para parte de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). En el tratamiento en comisión ya se había decidido separar de la iniciativa, para discutir aparte, la fusión que se planteó entre el BHU y el Banco República (BROU), punto que generó polémica. Falta que Diputados realice el tratamiento en comisión y luego, eventualmente, disponga su votación en el plenario.

En la discusión de hoy se realizaron cambios en el proyecto en el artículo 1, que acompañó el Frente Amplio. No obstante, el senador Mario Bergara dejó en claro que ven “con buenos ojos” la modificación —y que van a acompañar el sustitutivo— pero que hubieran preferido otro camino.

¿Cuál fue el cambio? En el proyecto que llegó hoy al plenario, que tenía el voto de todos los de la comisión, decía que los beneficiarios de lo producido por un fidecomiso iban a ser: 50% a la erradicación de asentamientos irregulares, 25% para Plan CAIF, y 25% para el programa Atención Integral a la Primera Infancia. No obstante, se terminó votando que el beneficiario sea el BHU.

De esa manera, se descartó una opción de aditivo que había presentado Cabildo Abierto y tenía el apoyo del Frente Amplio, que tenía como objetivo resguardar el patrimonio del BHU.

La propuesta de modificar el artículo primero surgió del Partido Nacional para contemplar la iniciativa que surgió desde Cabildo Abierto y que recibió el respaldo del Frente Amplio. El senador blanco Carlos Camy recordó, vinculado a que se eliminaron como beneficiarios los asentamientos irregulares, el Plan CAIF y la primera infancia, que hoy ya tienen recursos a través del presupuesto nacional.

A grandes rasgos, el proyecto plantea escenarios donde las deudas quedarán “extinguidas”. Una es que el crédito “haya sido otorgado con anterioridad a octubre de 1983 y se haya completado un mínimo de 210 pagos mensuales desde la firma del contrato original, o al momento de completarlos”.

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Otro escenario es sobre los “créditos otorgados a partir de octubre de 1983 que hayan completado un mínimo de 210 pagos mensuales desde la firma del contrato original, o al momento de completarlos” cuando “alcancen una antigüedad de 40 años”.

También plantea que los “saldos pendientes de pago de las deudas comprendidas”, que cumplan ciertas condiciones, “que no correspondan a colgamentos”, contarán algunas bonificaciones. Por ejemplo, establece que “para los préstamos hipotecarios o las promesas de compraventa otorgados hasta setiembre de 1993, se ajustará el saldo adeudado a una tasa de interés en Unidades Reajustables de 0% (cero por ciento)”.

A su vez, dice que “para los préstamos hipotecarios o las promesas de compraventa otorgados entre octubre de 1993 y setiembre de 2009, se ajustará el saldo adeudado a una la tasa de interés en Unidades Reajustables de 2,5% (dos con cinco por ciento) o la que corresponda contractualmente, si ésta fuera menor”.

Por su parte, la presidente del BHU, Casilda Echevarria —quien ha sido crítica en reiteradas oportunidades sobre el proyecto—, indicó en su cuenta de X (antes Twitter) mientras se discutía la iniciativa en el plenario: “La generosa demagogia deberían pagarla quienes la hacen obligatoria para otros. Floridos discursos no harán correcto, ni justa una ley. La UR, ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares del crédito. Mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos”.

Y añadió: “Veremos qué se les dice a los padres de familia que hoy no pueden hacer frente a un crédito en UI o peor aún que no pueden siquiera alquilar. Si se habla de justicia, veremos... La unanimidad en la Comisión del Senado no demuestra más que la demagogia es generalizada”.