Redacción El País
El senador nacionalista Sebastián Da Silva (Alianza País) presentó un proyecto de ley que propone ampliar, para los residentes en las zonas rurales del país, el plazo para regularizar la posesión de armas de fuego.

Una ley aprobada en 2014 determinó un plazo de 12 meses para dicha regularización entre la población en general, que luego fue ampliado en sucesivas ocasiones. La última, ratificada a medidos de 2022, concedió un último plazo que venció el pasado 1° de marzo. Implicaba la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego, sin tener que justificar su procedencia.

En su proyecto, al que accedió El País, Da Silva plantea que en los últimos tiempos, una serie de hechos de violencia ocurridos en la zona rural, algunos con consecuencias fatales, hacen que la ciudadanía "tome precauciones sobre la seguridad de sus bienes y su familia". Uno de estos hechos ocurrió el pasado sábado, cuando un hombre murió asesinado durante un copamiento a su vivienda en una zona rural de Canelones.

En ese contexto, expresó Da Silva, "es necesario dar señales claras a los que delinquen", además de "dar herramientas para que el ciudadano de bien pueda defenderse dentro del marco de la ley". En esa razón fundamentó el senador la ampliación de plazo planteada.

El plazo para la regularización planteado por Da Silva será en los 12 meses posteriores a la promulgación de la eventual ley. El proyecto abarca también la posesión de municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La regularización deberá darse ante los ministerios de Interior y de Defensa.

Las últimas cifras oficiales indican que, el año pasado, fueron destruidas por las autoridades unas 4 mil armas irregulares, entregadas en forma voluntaria o requisadas en operativos policiales. Las mismas cifras indican que en todo el país los uruguayos tiene unas 615 mil armas en forma legal. El cálculo tradicional indicaba que, por cada una de ellas, había dos ilegales.

Una política de control de armas forma parte de las prioridades anunciadas por parte del gobierno de Yamandú Orsi en materia de seguridad pública.