Redacción El País
La Cámara de Representantes aprobó el 7 de mayo el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios y establece requisitos para integrarlo, pero el oficialismo y la oposición acordaron introducirle modificaciones en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, lo que ha cosechado críticas y elogios de cámaras empresariales vinculadas al sector.

“La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la actividad profesional inmobiliaria, desarrollada por los comisionistas, agentes, corredores, brókers, operadores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios turísticos, todos ellos, en adelante, operadores inmobiliarios, en el marco de la defensa de la libre competencia”, expresa el artículo 1° del proyecto aprobado en Diputados.

La Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) planteó el martes en comisión del Senado que “esta iniciativa representa una dura limitación para la actuación de ciertas inmobiliarias en Uruguay”, en particular sobre aquellas que funcionan como franquicias. “Cumei cuenta con más de mil agentes inmobiliarios en el modelo de agente asociado y a través de 20 oficinas representa más del 20% del mercado inmobiliario del país, tanto en lo que respecta al número de agentes como al volumen de ventas”, explicó su presidente, John Leaman, a los senadores, y aclaró que representa a las siguientes franquicias: Re/Max, Century 21, Engel & Völkers, Keller Williams, Coldwell y Keymex.

“Tenemos un modelo de negocio distinto al de las inmobiliarias tradicionales en el sentido de que cada uno de nuestros agentes asociados constituye una empresa unipersonal, que aporta al BPS y a la DGI, y que de alguna forma se asocia, coparticipa, con el representante de la franquicia, el cual le brinda clientes, oficinas, know how, redes para difundir sus productos, preparación permanente, asesoramiento legal y notarial, publicaciones en Uruguay y en especial el acceso a las redes internacionales que son muy importantes, principalmente cuando se trata de clientes extranjeros que vienen a invertir al país”, informó.

Además, destacó que representa “más de US$ 200 millones por año de inversión extranjera directa en el campo inmobiliario” y “una ley que liquidara o limitara las franquicias”, como el proyecto aprobado en Diputados, “posiblemente causaría una reducción —no digo que sea total— en este tipo de inversiones”.

Quien presidió la comisión en la sesión del martes, el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, respondió que “en la última sesión de la comisión” estuvieron “conversando acerca del artículo 1º” y hubo coincidencia entre el oficialismo y la oposición “en incorporar la palabra ‘franquicia’ para que quede claro que el objeto de la ley también son las franquicias”. La senadora Carmen Asiaín, del Partido Nacional, agregó que también se contemplaron otras propuestas de modificación de Cumei.

Los senadores también recibieron el martes a la Comisión Interinstitucional integrada por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, instituciones integradas por “más de 1500 empresas inmobiliarias desplegadas en los 19 departamentos del país, conformadas todas ellas por operadores inmobiliarios”, informó Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, quien respaldó el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó los cambios que impulsan los senadores.

Tras manifestar que “hoy en día el sector cuenta con 27.652 trabajadores inscriptos en BPS, pese al elevado informalismo existente”, Medina planteó que observa “con gran preocupación el cuadro enviado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, en donde se realizan incorporaciones (al proyecto aprobado en Diputados) que podrían generar, en primer lugar, fuertes desequilibrios entre los operadores inmobiliarios, los cuales no están en pie de igualdad”.

“El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece reglas claras, derechos y obligaciones, mirando el bosque y no el árbol. Es muy riesgoso legislar en base a los modelos de negocios específicos y que bajo un número de matrícula trabajen varias inmobiliarias y empresas independientes, vulnerando el objetivo principal de la ley, que es que todos los operadores inmobiliarios estén capacitados y formados, al igual que sucede en todas las profesiones existentes en nuestro país”, agregó.