Redacción El País
El Senado puso fin ayer a un proceso legislativo de casi tres años y, con voto unánime, convirtió en ley el proyecto que consagra el “derecho universal” de todos los uruguayos a recibir cuidados paliativos en los casos en que padezcan enfermedades avanzadas e irreversibles. La iniciativa, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su puesta en vigencia, había ingresado a mediados de 2020 al Parlamento. Una prolongada negociación multipartidaria derivó en un texto de consenso, que había sido ratificado por la Cámara de Representantes a fines de 2021.

La norma está dirigida a todas aquellas personas que presenten escasa o nula respuesta a tratamientos específicos y cuya enfermedad impacte en su autonomía y en su calidad de vida, además de generarle discapacidad y dependencia y limitar su pronóstico vital.

Su objetivo declarado es “disminuir el sufrimiento de las personas, mediante el adecuado control de dolor y otros síntomas”.

A partir de la vigencia de la ley, todos los prestadores de salud del país estarán obligados a brindar asistencia de este tipo a sus afiliados. Deberán garantizar la atención en todos los ámbitos, incluido el domicilio.

El nacionalista Rodrigo Goñi, impulsor del proyecto original que se presentó en esta legislatura, reclamó la aplicación a cabalidad de esta nueva ley en todo el país y puso una condición: hasta que no apliquen cuidados paliativos en todas las personas que así lo requieran, la eutanasia no debería aprobarse en el Senado.

En ese caso, las mayorías están lejos de construirse. Las diferencias aparecen en casi todas las fuerzas políticas, por lo que la Comisión de Salud de la cámara alta optó por priorizar otros proyectos, como la regulación de la pirotecnia o la habilitación de la internación no obligatoria de adictos a las drogas.

La Rendición de Cuentas aprobada el año pasado previó $ 40 millones para la implementación de los cuidados paliativos. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que los recursos no pueden ser utilizados como excusa para no aplicar la ley para que así “todos los uruguayos tengan la posibilidad de morir sin sufrimiento”.

En el Frente Amplio, el senador José Nunes advirtió de que la posibilidad de acceder a este tipo de práctica es muy desigual en todo el país: a fines de 2022, solo el 65% de la población podía.