Senadores del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio están dispuestos a aprobar el proyecto de ley que establece “condiciones generales para el ingreso a la función pública” para el caso de los “funcionarios de los gobiernos departamentales”, lo que es considerado “un error” por parte de algunos intendentes, mientras que hay legisladores blancos que alertan sobre inconstitucionalidad de artículos que afectan la autonomía de las Intendencias.

La iniciativa fue presentada por el senador colorado Adrián Peña y declara “aplicables a los gobiernos departamentales las normas legales que establecen para la designación de personal (...) de la Administración Central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado (...) Un año previo a la finalización del período de gobierno”.

El legislador advierte en la exposición de motivos que para aprobarse se requieren dos tercios de cada cámara, ya que el artículo 64 de la Constitución exige esta mayoría para aprobar “normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos”. La finalidad de su promotor es transparentar la gestión de las Intendencias.

Peña, el cabildante Guillermo Domenech, dos senadoras nacionalistas, Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, y los representantes frenteamplistas, estaban dispuestos a aprobar el proyecto en comisión cuando el 12 de diciembre el Congreso de Intendentes solicitó entre 120 y 180 días de prórroga para lograr “un análisis cabal y profundo de los diferentes aspectos que permitirán avanzar en una posibilidad de legislación, respetando las competencias constitucionales establecidas en esta materia”. Ante la solicitud, los integrantes de la comisión otorgaron una prórroga de 90 días para que presentaran cambios al proyecto, por lo que el 12 de marzo, “en ausencia de una propuesta o teniendo en cuenta las sugerencias que hagan”, se podrá “someterlo a votación”, dijo Asiaín en la sesión.

El Congreso de Intendentes aspira a presentar en la comisión una propuesta acordada por unanimidad. Pero será difícil, porque las situaciones estatutarias difieren de una comuna a otra. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien asumió en diciembre como presidente del Congreso de Intendentes, ya planteó en la comisión que “sobre estos temas no ha habido un debate a fondo en el Congreso” y agregó que existen “diferencias importantes entre unas Intendencias y otras”.

“A mí, por lo pronto, el cupo del 10%” para ingresos directos “no me sirve”, alegó Antía en la última sesión del congreso y explicó: “Yo tengo firmado un acuerdo con Adeom (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un 30%, y hemos hecho concursos en todas las áreas que se podía. Es decir, no se ha usado ese 30%, pero hasta ese porcentaje pueden ingresar por designación directa por el período en que estamos en ejercicio”.

Al intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, le “asombra” el proceso de discusión. “Me extraña que siendo un proyecto de un integrante de la coalición e involucrando a 16 intendencias de la coalición no tuvo un proceso de diálogo con ninguno de los intendentes ni con los de su propio partido. Uno siente que hay un desconocimiento de cómo funciona muchas veces la emergencia en la cuestión pública. Si tengo que ir a contratar a Cebollatí a un retrista (quien opera una retroexcavadora), yo no puedo ir a hacer un llamado abierto por Uruguay Concursa para tapar o arreglar una calle, lo que a veces hacemos directamente, e incluso se contrata a zafralidad para una obra concreta, porque es una emergencia”, dijo Umpiérrez a El País, y agregó que, de prosperar, “se paralizarían las Intendencias”.

Consultado sobre las mayorías que hay en la comisión para aprobarlo, incluso con el apoyo de dos legisladoras blancas, respondió que “es un error político, si no hay un acuerdo con el Congreso de Intendentes”. En cuanto a la eventual inconstitucionalidad, Umpiérrez considera que “hay una zona gris, porque un artículo (el 64) de la Constitución permite con dos tercios hacer normas” sobre empleados municipales, pero otro (el 62) “reserva el estatuto de los funcionarios para las Intendencias, lo que muchas veces es producto de convenios colectivos con los sindicatos”.

Al igual que el intendente de Rocha, los senadores blancos Daniel Camy y Sergio Botana, el primero, maragato, y el segundo, arachán, alertan que la iniciativa podría afectar la autonomía de los gobiernos departamentales. “Hay informes de inconstitucionalidad que he estudiado con mucho detalle, asesorado por constitucionalistas”, dijo Camy en comisión y sintetizó: “El artículo 2 refiere a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que claramente no tiene competencia en los gobiernos departamentales de manera expresa; sobre el artículo 4 podrá haber dos bibliotecas, pero es claramente inconstitucional; y el artículo 6 es invasivo de la autonomía departamental”.

Botana también presentó reparos: “El acuerdo federal de los departamentos no les permite meterse en la materia que no les incumbe, que es la nacional. Yo quiero saber cómo es que nosotros podemos, por una mayoría circunstancial, pasar por encima del respeto a la autonomía de los departamentos”.