TERMINAL DE CONTENEDORES

Charles Carrera y Mario Bergara, senadores frenteamplistas, presentaron este miércoles una ampliación de la denuncia penal en Fiscalía por “graves delitos contra el patrimonio público y la entrega del Puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la multinacional belga Katoen Natie Group”, informó el Frente Amplio en su página web.

En setiembre de 2021, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia penal por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa Katoen Natie para la extensión hasta 2081 de la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo.

Este miércoles, en rueda de prensa recogida por la página web de la coalición de izquierda Carrera dijo que la concesión establecida entre Uruguay y Katoen Natie “se basaba en el argumento de que a partir de que se instaló la empresa en el país, se había incumplido algo que la empresa tenía que se llamaba una preferencia”, manifestó el senador.
“Esto no era cierto, y es la base de nuestra denuncia”, afirmó Carrera. Añadió que el plan de negocios que la empresa presentó en 2001 “acredita que regía el régimen de libre competencia y que se comprometía a respetarlo”, además de competir con los muelles públicos.

“Esto para nosotros es un elemento fundamental que acredita la mala gestión en esta negociación”, dijo el legislador y agregó que en su opinión "se configuraron delitos, como la confusión del interés público–privado y la usurpación de funciones, entre otros muchos”.

“Hay que volvernos a preguntar por qué en el proceso de negociación entre el gobierno y Katoen Natie no se pidió ni un solo informe a ningún estamento estatal", dijo Bergara. “Es clarísimo que se operó abusando de funciones, y que si se pidieran los informes jurídicos y económicos, todos serían negativos con respecto al acuerdo”, sostuvo.

“Los informes jurídicos dirían que el reclamo de Katoen Natie no tenía ningún asidero”, afirmó y añadió que esto se confirma con el ya mencionado plan de negocios de 2001.

A todo esto, la Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP), que está integrada en un 80% por Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos, difundió un comunicado este miércoles, en el que desmiente los dichos de los senadores sobre que TCP “acreditó” en su plan de negocios de 2001 que regía en el Puerto de Montevideo “el régimen de libre competencia” y, además, “se comprometía a respetarlo”.

En este sentido, el comunicado expresa que en el “Estudio de Mercado y Proyección de Tráfico”, elaborado en marzo de 2001, no hay “acreditación” o “compromiso” alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada “que aún no existía”.

Por otra parte, la empresa sostiene que "los senadores repiten casi textualmente los argumentos expuestos por la empresa Montecon S.A. en su acción de nulidad contra los Decretos 114/021 y 115/021 del 1º. de diciembre pasado, los senadores afirmaron que TCP “acreditó” en su Plan de Negocios de 2001 que regía en el Puerto de Montevideo “el régimen de libre competencia” y, además, “se comprometía a respetarlo”.

El comunicado de la operadora portuaria termina diciendo: "Causa estupor que legisladores a los que la ciudadanía confía el análisis informado y sereno de las cuestiones públicas empleen los informes que se encuentran bajo escrutinio judicial a efectos de promocionar intereses empresariales privados contra una empresa en la cual el Uruguay es accionista, incurrir en el absurdo de pretender penalizar procesos administrativos, o escamotear el conocimiento de irregularidades que se han denunciado y de la cual tienen pleno conocimiento”, concluye el texto.