En la mañana de este martes la ministra de Industria, Elisa Facio, informaba a la prensa el acuerdo alcanzado con la Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC). Esto motivó el levantamiento del paro que provocó el desabastecimiento de nafta en varias estaciones de servicio.

La fila se extendía por varias cuadras en una estación de servicio del centro de Minas cuando un motociclista pretendió colarse, por lo que recibió primero el reproche y luego un correctivo de parte de un conductor que esperaba en su auto para cargar nafta. Los forcejeos que fueron reprimidos rápidamente por clientes y trabajadores son la expresión violenta del enojo de miles de uruguayos por el paro de la Asociación de Transportistas de Combustible (ATC) que llegó a generar desabastecimiento de naftas en varias estaciones del país.

Las negociaciones para levantar el paro y superar el conflicto se extendieron ayer por tres horas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Allí, el vocero de ATC, Robert Batista, dijo a Canal 10 que el encuentro con Facio “fue una reunión tensa”, pero destacó que fue “la primera” con las autoridades.

En ese momento, Batista dijo que el acuerdo estaba lejos. Sin embargo, Facio era más optimista y sostenía que estaban “muy cerca”. Los transportistas, que anunciaron que anunciaban el paro hasta el miércoles, evaluaban a esa altura extender durante más días la medida, e “implementar un servicio de emergencia para atender los servicios esenciales de salud y seguridad de la población, a partir del miércoles o jueves”, informaba Batista a El País el lunes. De esta manera, permitían el funcionamiento de ambulancias, patrulleros y servicios de Bomberos.

Sin embargo, el subsecretario de Industria, Walter Verri, dijo a El País que este eventual servicio de emergencia que querían implementar los transportistas no formó parte de la negociación de ayer, porque lo que pretende el gobierno es encontrar una solución de fondo al conflicto, que levante la medida de lucha. A su vez, Verri confirmó que el Poder Ejecutivo evaluaba el lunes decretar la esencialidad del transporte de combustibles.

La esencialidad estaba "arriba de la mesa. En la medida en que no haya desabastecimiento no se decretará, pero si hay desabastecimiento, sin dudas que sí. No deberíamos llegar a ese nivel”, expresó, y agregó: “No vamos a permitir el desabastecimiento y vamos a garantizar el abastecimiento de combustibles”.

De todas maneras, tanto las autoridades como los transportistas estuvieron al tanto de que hubo puntos de venta que quedaron sin nafta desde la madrugada del lunes. “No está faltando generalizadamente; está faltando en algunas estaciones” el combustible, respondió la ministra ayer en rueda de prensa, tras la reunión con representantes de la asociación de transportistas.

Unos 200 empresarios que cuentan con 250 camiones que transportan combustibles desde las plantas de Ancap hasta los puntos de venta integran la asociación que llevaba adelante el paro. De esos 250 vehículos, 60 son propiedad de dueños de estaciones de servicio. La petrolera estatal les paga a esas empresas de transporte unos US$ 40 millones al año, que, por una resolución reciente, dejará de abonarles.

En cumplimiento de un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) resolvió el 26 de setiembre que Ancap dejará de encargarse del pago a los fleteros, agrupados en la ATC, desde el 1º de enero del 2024. La Ursea iba a comenzar a pagar por ese servicio a las empresas distribuidoras: Ducsa, Axion y Disa. “Nos quitan el negocio”, lamentaba Batista, que alertaba sobre la pérdida de puestos de trabajo y la afectación a empresarios uruguayos.

En la negociación de ayer entre empresarios y autoridades uno de los aspectos centrales fue la prórroga de la entrada en vigencia de la resolución de la Ursea.

Por su parte, Verri manifestó que fue iniciativa del gobierno posponer el inicio del nuevo sistema de fletes de combustibles, que saca del negocio a Ancap desde 2024. “Propusimos la prórroga de la entrada en vigencia y la conformación de una comisión para analizar el tema. Hasta cuándo sería la prórroga estaría en discusión”, dijo Verri, quien aclaró que “para que haya una prórroga debería haber un exhorto a la Ursea para que no comience a aplicarse el sistema a partir del 1º de enero”. El subsecretario dijo que los transportistas “tampoco aceptaron eso”, aunque confía en que llegará a buen puerto el diálogo entre las autoridades de Industria y de la gremial que se retomará esta mañana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ni el directorio de Ancap ni los sindicatos de trabajadores de la petrolera (Fancap) participan directamente del conflicto ni de la negociación.

En diciembre de 2018, un accidente sufrido por un empleado en la estación de La Tablada originó un paro de la Unión de Transportistas de Combustible (UTC), gremio que nuclea a trabajadores. Ante el conflicto, la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, solicitó al Ministerio de Trabajo que decretara la esencialidad del servicio del suministro, transporte y entrega de combustibles y productos derivados en todo el país, así como los servicios de apoyo, conexos o complementarios, públicos o privados imprescindibles para el cumplimiento de dichas actividades, lo que fue decretado por el Poder Ejecutivo.