Redacción El País
Luego del veto parcial que estableció el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, a la ley que se votó en el Parlamento para los extrabajadores de la antigua mutualista Casa de Galicia, el sindicato aseguró que “la mayoría” de los exfuncionarios tienen previsto iniciar juicios contra el Estado para cobrar lo que entienden que les corresponde.

Flor Costanzo, presidenta del sindicato, dijo a Subrayado que “cada cual tiene la potestad de elegir el camino que quiera tomar”, pero que muchos ya han decidido. En este sentido, apuntó que son 2.100 entre trabajadores técnicos y no técnicos los afectados por el cierre, que de momento no han cobrado “prácticamente nada” de lo que entienden que les corresponde, y que “más de 230 trabajadores” aún “no tienen ningún trabajo”.

Señaló que el sindicato recibió “con mucha tristeza, con mucha decepción” el veto de Lacalle Pou. “No nos pasaba ni por la cabeza que esto ocurriera y terminó ocurriendo”, reconoció.

Además, cuestionó que “no es el dinero que el Ejecutivo entiende que tiene que dar” a los trabajadores lo que está en cuestión, sino que “es el que corresponde”. Según dijo, por ley a cada trabajador le corresponde “hasta 105.000 unidades indexadas”, que a cifras actuales son unos $ 600.000, pero que en las condiciones en que se dio el cierre cobrarán hasta $ 170.000.

“Eso es lo que dice la ley. El presidente decidió pasar por encima de la ley”, aseguró.

En este sentido, hizo referencia al Fondo de Garantía de Créditos Laborales, que está en el ámbito del Banco de Previsión Social y es a donde acuden los trabajadores a cobrar por despidos cuando las empresas entran en quiebra. “Es a donde los trabajadores acuden cuando hay una empresa que no puede pagar los despidos, que no tiene solvencia económica para pagarlos”, dijo.

En el texto del veto, Lacalle Pou consideró que, de mantenerse la ley aprobada, se haría un uso “en forma desigual y discriminatoria” de ese fondo, “favoreciendo a un grupo de trabajadores en perjuicio del resto”, lo que a su entender es una violación del artículo 8 de la Constitución.

“El fondo no tiene que estar disponible para los trabajadores de Casa de Galicia, tiene que estar disponible para todos los trabajadores del país. El presidente propone que se nos paguen $ 170.000 pesos, ¿por qué, si la ley marca otra cosa?”, se preguntó Costanzo.

“Si cualquier trabajador de este país tiene hasta 105.000 unidades indexadas para cobrar y al trabajador de Casa de Galicia se le dice ‘usted va a cobrar hasta $ 170.000’, nos están tratando de forma distinta pero no la ley, el presidente”, concluyó.

El presidente Lacalle Pou, en tanto, dijo este viernes en rueda de prensa que decidió el veto “por razones constitucionales, económicas y de justicia”. “Además es un veto parcial, no es que no hay dinero", dijo y agregó que estará el monto que consideran "correspondiente". "El dinero que así dicen nuestros números, el dinero que todos los uruguayos van a aportar para trabajadores de una mutualista”, expresó.

Además, aseguró que a las autoridades les “tiraron el fardo” porque el cierre “no es por una acción del gobierno” sino “por una mala administración de una mutualista”.

Consultado por los eventuales juicios anunciados, respondió: “Juicios puede hacer el que quiera”. En este sentido, aseguró que “ni siquiera” le correspondía al gobierno interceder y poner dinero en la solución, pero “como del todo no se pudo solucionar” el tema, en su momento “mandó un proyecto de ley”, que no convencía a los extrabajadores.