Por Fabián Cambiaso
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzará a implementar a mediados de este año una de sus grandes apuestas para 2023: el desembarco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en los centros educativos.

El nuevo proyecto será implementado a partir del mes de junio en unos 40 centros educativos en todo el país que, según el objetivo trazado, serán 300 el año que viene. Técnicamente, no será a través de los asistentes personales que forman parte del sistema, sino de una nueva figura: la del "facilitador de autonomías en los centros educativos".

No se trata de una mera diferencia semántica. Estos "facilitadores" deberán tener un perfil específico: tendrán que contar con el curso especial de atención a la dependencia y, además, poseer como mínimo un año de experiencia en el cuidado a niños y adolescentes. A diferencia del sistema tradicional -que seguirá implementándose- no será la familia la que deberá ir a pedir un asistente, sino que ellos son los que estarán en las escuelas seleccionadas.

Así lo indicó este lunes a El País la directora del SNIC, Florencia Krall. Lo que hará el Mides será proporcionar estos “facilitadores”, que tendrán a su cargo la asistencia a los niños en la escuela: los ayudarán a comer, a ir al baño o a salir al patio en los recreos.

El ministerio calcula que será necesario un asistente de este tipo por cada tres niños con discapacidad que concurran a cada centro. Los recursos para su implementación están incluidos en la ley de Rendición de Cuentas que comenzó a regir este 1 de enero. Serán $ 11 millones para 2023 y $ 100 millones para el año siguiente.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), tendrá a su cargo la otra “pata” de la asistencia, que es la parte pedagógica. Por lo general serán los propios maestros, ya que el programa se implementará sobre todo en las Escuelas Aprender (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), que cuentan con docentes especializados.

Por esta vía se procura atender la demanda permanente de este tipo de atención por parte de los padres de niños con distintos tipos de discapacidad severa, que encontraban serios problemas para ingresar a un centro educativo. El objetivo: la asistencia a los chicos que padezcan dependencia de cualquier tipo, con una perspectiva de cuidados para que puedan desarrollar actividades de la vida diaria mientras concurren a educarse.

Krall sostuvo al respecto que distintos informes técnicos con los que cuenta el ministerio, tanto nacionales como internacionales, indican que este es el modelo a seguir en cuanto al apoyo a niños con discapacidad en el sistema educativo. Las cifras del Mides indican que los niños y adolescentes suponen la mitad de las 5.900 prestaciones que otorga el Sistema de Cuidados. Cerca del 80% de esa cifra son casos de trastornos del espectro autista (TEA).

Este nuevo programa se mantendrá en paralelo al sistema tradicional de asistentes personales, que venía sufriendo una serie de atrasos y graves problemas que las autoridades lograron solucionar en gran parte al cierre de 2022.

Según Krall, el año pasado lograron cubrirse cerca de la mitad de las 4.000 “valoraciones ” de posibles beneficiarios que estaban pendientes desde 2020, que se habían heredado del gobierno anterior y que habían ido acumulándose por efecto de la pandemia. Así, el año pasado se logró la inscripción de 800 altas en el sistema. El objetivo este año es “dejar limpia” la lista de espera y atender la nueva demanda que se genere a lo largo de 2023. También llegar a contar con 6.500 asistentes personales.

El sistema mantiene hoy 5.800 “binomios”, conformados por un asistente -que percibe un salario de 4,6 BPC, equivalentes hoy a unos $ 26 mil - y un paciente, al que el ministerio le subsidia ese pago. En el 90% de los casos, el subsidio cubre toda la prestación.

Krall explicó que una de las grandes apuestas del SINC el año pasado fue corregir las “grandes debilidades” que padecía el sistema a nivel jurídico y que dieron origen a múltiples problemas en los últimos tiempos. Uno de los principales era la “relación laboral” que quedaba de entablada de facto entre los participantes, en donde la ley que creó el sistema colocó a la persona cuidada en calidad de “empleadora”.

En los últimos dos años el ministerio recibió varios cientos de demandas laborales por parte de cuidadores que quedaron sin empleo al romperse ese vínculo, de los que la cartera quedó exonerada al no tener legitimación pasiva. Las demandas terminaban así sobre la persona cuidada que, en la mayoría de los casos, padecía una situación económica y vulnerable y que de ninguna forma estaba en condiciones de pagar un despido.

Así, en 2022 comenzó a aplicarse un plan piloto que utilizó una figura prevista en la ley que creó el sistema pero que nunca había sido aplicada: la de “provisión colectiva” de este servicio.

La directora se mostró conforme con los resultados: se crearon diez cooperativas de asistentes, que hoy cubren a 40 “binomios” bajo este formato, que se procura extender a todo el país. Krall también destacó que se trabajó muy fuerte en solucionar la falta de formación profesional que, hasta 2021, afectaba a la mitad de los asistentes.