Un informe internacional elogió la labor del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), identificó a Uruguay como "líder mundial" en políticas enfocadas en lapoblación sin hogar e y valoró como fortalezas la "dedicación, el compromiso y la urgencia" de las autoridades del ministerio en enfrentar la situación "como nunca se vio" en otros lugares del mundo.
El informe corresponde al Instituto Internacional del Sinhogarismo (IGH) y fue desarrollado durante su visita a Uruguay, entre el 27 de julio y el 2 de agosto. En 20 páginas ese organismo, con sede en Chicago, encadena una serie de valoraciones elogiosas y una solitaria preocupación: La "penalización de las personas sin hogar" a través de la ley de Faltas. Algo que, se apunta, es común a otras partes del mundo.
El informe, firmado por las directoras del instituto, Lydia Stazen y Julia Wagner, subraya la impresión que les generó visitar el Centro de ley de Faltas. "Nos preocupó ver el alambre de púas, el portón con cadenas y guardias armados". Características que, se apunta, lo hacen parecer "más a una prisión" que lo que es, un centro de apoyo.
Según el estudio, la ley de Faltas puede potenciar las interacciones negativas con la Policía. Así, se subraya, este año el 30% % de las personas sin hogar que fueron conducidas en aplicación de la ley sufrieron algún tipo de agresión, física o psicológica, por parte de la Policía.
Según se detalla, en 2021 no había ninguna persona alojada en centros de delitos menores. Este año hubo allí 52 casos. "Vemos una fuerte puerta giratoria que va de la calle a la prisión y a la calle nuevamente" se indica, para citar datos oficiales: este año: el 53% de las personas en la calle habían estado previamente en prisión. La mitad, hasta tres veces."Es claro que una estrategia de penalización afianza el sinhogarismo en lugar de resolverlo" se afirma, al tiempo que se llama a "descriminalizar" esta situación.
El Mides viene desarrollando una política que procura promover un "cambio cultural" en torno a esta problemática. Fuente de cartera insistieron a El País que "vivir en la calle no es un derecho". La aplicación de la ley de Faltas, se recuerda, es responsabilidad del Ministerio del Interior o de las intendencias, aunque se defendió su puesta en práctica.
Datos aportados por el ministerio a El País señalan que, a mediados de este año, se solicitaban unos 40 traslados diarios de personas basados en esta normativa. El Mides asegura que el centro observado por el informe tuvo mejoras en los últimos meses y que allí son destinados los casos "más complejos y crónicos".
El informe identificó como fortalezas la garantía del Mides de que todos los que necesitan un refugio puedan acceder a una plaza, que conozca quiénes son los que están en la calle y que cuente con datos en tiempo real para tomar decisiones. También lo elogió por una "política de tolerancia cero" ante una eventual presencia de niños viviendo en la calle, trasladándolos inmediatamente a refugios, hoteles o centros pare madres con hijos.
Entre las recomendaciones, el informe incluye continuar impulsando modelos que se orienten más a la provisión de viviendas a largo plazo y asequibles, realojos rápidos, vales y subsidios, y recurrir menos a soluciones de emergencia. "Reconocemos y aplaudimos al Mides por ampliar el alojamiento a largo plazo y alentamos al crecimiento de modelos centrados en la vivienda" apunta la organización, que recomendó limitar o eliminar las condiciones para acceder a una vivienda.
El informe recuerda que Montevideo se había unido en abril de 2018 al programa Ciudad de Vanguardia, con el compromiso de reducir, para 2020, en un 25% a la cantidad de personas sin hogar. La reducción solo fue del 15%. La evaluación también señaló que el número de personas sin hogar en refugios aumentó endos tercios entre abril de 2019 y julio de 2020 (de 995 a 1668).
Los últimos datos oficiales indican que las personas que viven en la calle pasaron de 920 a 1.365 entre 2021 y 2023. Los que viven en refugios, de 1.295 a 1.391 en el mismo período. Pero los que concurren a refugios nocturnos pasaron de 1.159 a 837. en 2023. Se trata, apunta el informe, de un fenómeno mundial, observable incluso en países desarrollados.