Noche triste. Un momento profundamente doloroso para todo el departamento. Una fecha histórica, pero para mal. Todas estas son descripciones que pertenecen a ediles artiguenses los que, este lunes, participaron en la sesión extraordinariaen que la Junta Departamental "aceptó" la renuncia del intendente Pablo Caram. También la de su primera suplente y sobrina, la exdiputada Valentina dos Santos.

Fue una sesión cuya validez fue puesta en duda poco después, al conocerse el rol que tuvo en ella otro de los integrantes del núcleo familiar del exjefe comunal. La clave está en el artículo 40 de la ley Orgánica Municipal, vigente desde 1935. Allí se indica que "ningún edil ni el intendente podrán estar presentes en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estuvieran interesados". El problema lo originó la presencial de otro Caram, Manuel, primo hermano del intendente y que, como edil, participó en la definición.

De allí que algunos integrantes de la junta estén planteando que la sesión, en la práctica, no sea válida. Y, por lo tanto, tampoco lo sea la aceptación de las renuncias de Caram y de Dos Santos.

En un departamento que desde hace diez días se ve conmovido políticamente, este nuevo elemento llegó para aportar nuevas dudas. Al punto que varios ediles esperan que se convoque a una nueva sesión. No obstante, esta posibilidad fue descartada de plano por el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Nelton Barreda. "Hay mala información" dijo, el diálogo con El País.

Barreda reconoció la presencia de Manuel Caram en sala este lunes, pero afirmó que esto no quita validez a la sesión. Dijo tener informes que indican que los efectos de ese artículo fueron derogados por un fallo del Tribunal de lo Contencioso Admistrativo (TCA). Barreda apuntó que sí podrían haber acciones administrativas contra el edil en cuestión.

Más allá de este detalle técnico, para muchos ediles la sesión de este lunes careció de efectos prácticos. Pablo Caram, que este martes confirmó su renuncia al Partido Nacional, aceptó una condena en un proceso abreviado por el delito de omisión en los deberes de funcionario público, al no haber denunciado las maniobras para el pago fraudulento de horas extras en su administración. Dos Santos, por la misma vía, lo fue por usurpación de funciones, al haber asumido funciones en la intendencia, ordenado contrataciones, pagos y despidos sin ser funcionaria.

La renuncia fue votada por 20 ediles del Partido Nacional. Los otros 11 —frenteamplistas, colorados e incluso dos nacionalistas— comparecieron para dar del debate correspondiente, al señalar que desde el mismo momento en que fueron condenados, Caram y Dos Santos ya no podían ejercer ningún cargo público.

"No aceptamos una renuncia que no es tal. Desde que se emitió la resolución judicial, tienen sus derechos políticos inhabilitados", expresó el edil frenteamplista Guillermo Gasteasoro que apuntó que, a un año y medio de aquel "febrero trágico" de 2023, cuando se empezó a conocer la trama con las horas extras tras una nota de El Paísy los ediles del Frente Amplio presentaran una denuncia penall. "Los hechos nos dieron la razón. Fueron condenados por corrupción", afirmó.

"No me voy a sacar cartel como un senador -—en referencia a las recientes declaraciones de Luis Alberto Heber— que vendió la soberanía dándole el puerto a extranjeros y que ahora da cátedra de moralismo", dijo. "No nos vamos a subir a ese carro", añadió. Gasteasoro remarcó que, por temas de moral y ética, Caram debió haber renunciando en el mismo momento en que fue condenado.

"Desde que te sacan la fotito y te ponen en los registros, sos un delincuente y quedas inhabilitado", expresó. En su visión, todos los activos administrativos emitidos desde el martes pasado, cuando Caram fue condenado, carecen de validez.

En la misma línea se expresó su correligionario José González. "Este no es lugar para delincuentes", aseguró. "Acá este delincuente no debe estar" dijo, en referencia al ya exintendente, al que acusó, junto a su partido, de "tratar de mezclar las piolas a ver si" las acusaciones en su contra "pasaban".

González dijo esperar que a los condenados "nunca se les vuelva a ocurrir ejercer un cargo público en esta ciudad", y lamentó que Caram y los suyos sometieran a la "vergüenza" a todo el departamento. "Somos el hazmerreír de todo el país. Somos Macondo", dijo. "Así nos ven como sociedad".

"La gloria del departamento fue revolcada, fue mancillada", dijo por su parte Sonia Alves, también del Frente Amplio, que acusó a los Caram de persecución política. "Cesaron a decenas de compañeros", aseguró. Según contó en la sesión, algunos de ellos "no pudieron resistir" quedarse sin trabajo y fallecieron. Otros, quedaron en la calle. "Hicieron que la gente del Frente Amplio no pudiera conseguir trabajo en esta ciudad", afirmó.

Alves habló de una "cueva del poder" ejercida por los Caram. "Se daban el lujo de masacrar gente, creyendo que esto era la estancia de papá", dijo, para luego apelar a la resolución judicial. "La vida, tarde o temprano, te cobra con quién andás y qué hacés", afirmó. "No podemos permitir que esto vuelva a pasar".

"En donde hemos terminado" lamentó, desde las mismas filas, el edil Pablo Martins, al recordar que desde 1985 ningún intendente en ejercicio —ni tampoco un primer suplente— habían sido condenados por la Justicia. "Todo por un recibo de sueldo que abrió la caja de Pandora", ironizó.

Daniel Algañaraz, del Partido Colorado, lamentó tener que estar presente discutiendo la renuncia de "dos delincuentes, sinvergüenzas, bandidos y mafiosos" y coincidió en que, con el "código anterior, hoy estaban todos con el traje a rayas".

Algañaraz fue uno de los ediles que presentó la denuncia judicial que originó el caso. "No estábamos haciendo fofoca", dijo, en referencia a un término en portugués para definir un chisme.

Las voces críticas llegaron también desde filas nacionalistas. "Es un día triste, pero para una sola persona: Pablo Caram", dijo en sala el edil Marcelo Silva, que tampoco dio su voto a la renuncia. "Para qué va a renunciar, si está inhabilitado", expresó. En su exposición, Silva contó una reciente conversación que tuvo con el exintendente. "Le dije que lo apreciaba, que él era mi líder, y que caigan los que tengan que caer". Según su relato, Caram no aceptó el consejo. "Las decisiones las tomo en equipo", fue la respuesta. "¡A dónde lo llevó su equipo, amigo Pablo!", lamentó el edil.

Según relató, insistió en su pedido. "Sé que usted es honesto, defienda su cabeza", le pidió. "Tome las medidas que haya que tomar", le dijo una vez más. Silva lamentó que el tiempo le diera la razón. "Yo le avisé".

En la visión del edil, "cuando aparece la gangrena, hay que amputar el miembro para salvar al cuerpo". Y la intendencia y el Partido Nacional, aseguró, "es un cuerpo que dejó tomar por la gangrena". Silva reivindicó haber sido el único que se interesó "como persona" por Caram. "No por una organización contaminada por el dinero", dijo.

Silva cargó contra Dos Santos y otros "mandos medios" y dijo que la exdiputada aceptó un proceso abreviado porque sabía que la investigación terminaba en ese momento. "Si acá íbamos a juicio, no iban a dar los juzgados para tantas personas", afirmó. El edil confió en que la investigación seguirá. "Allí van a saltar varios conejos de la galera", prometió.

Los ediles de la oposición aguardan los resultados de una auditoría sobre las arcas departamentales, encargada al Tribunal de Cuentas, con el convencimiento de que puede haber hasta 20 funcionarios involucrados en las maniobras.

Según González, esa auditoría también permitirá, "solo para saber", cuántos recursos de la intendencia destinaron los Caram al pago de horas extra fraudulentas. El edil sostuvo que los US$ 8 millones mencionados solo comprenden el período que fue hasta diciembre de 2022. Si se proyectan los mismos egresos, dijo, desde entonces y hasta principios de este año salieron unos US$ 3,5 millones más.