PARLAMENTO Y JUSTICIA

Las presuntas irregularidades cometidas en la frustrada inversión de Gas Sayago para construir una planta regasificadora están bajo análisis de la Justicia de Crimen Organizado desde 2013, cuando el abogado y exprecandidato a presidente Gustavo Salle presentó la primera denuncia.

La indagatoria a que dio comienzo recibió seis años después el aporte de las conclusiones de la primera comisión parlamentaria que se conformó para analizar las pérdidas millonarias que ya se habían registrado en 2016, un año después de paralizadas las obras.

La comisión trabajó hasta finales de 2018 y a comienzos de 2019 los legisladores de la oposición de ese momento decidieron elevar los resultados a la Justicia, para que se integraran a la denuncia original.

Esos resultados señalaron que Gas Sayago -cuyo paquete accionario está formado por 80% de capitales de UTE y un 20% de Ancap- había generado pérdidas por US$ 177 millones, una suma que tras la última auditoría realizada por el gobierno se elevó a US$ 213 millones.

Ya en esa época el entonces diputado blanco Pablo Abdala había acusado a las autoridades de la administración del FA de llevar adelante “irregularidades e ilegalidades”, como “desviación de poder” al elegir “con favoritismo” para la construcción a la empresa OAS.

Ahora, las conclusiones de la auditoría serán analizada por la Fiscalía para determinar, como primer paso, si contienen “hechos nuevos” que ameriten una segunda investigación. De lo contrario, los datos serán elevados al expediente original. Fuentes del Ministerio Público indicaron a El País que, “a priori”, lo informado ayer por el directorio de UTE son elementos que todavía no se habían manejado.

Por otra parte, el fiscal Luis Pacheco espera por dos exhortos enviados a la Justicia de Brasil en 2019 y 2020 para saber si el exministro de Industria de ese país, Fernando Pimentel, intervino en forma ilícita para que OAS se hiciera cargo de las obras. Para lograr avances significativos, el fiscal necesita esa información.