La plataforma de streaming Spotify está decidida a dejar sus operaciones en Uruguay. Luego de que la Rendición de Cuentas aprobara dos artículos que, según entienden desde Spotify, los obliga a pagar doble por brindar el mismo servicio. Las esperanzas de la empresa de origen sueco estaban colocadas en la reglamentación que haría el Poder Ejecutivo.

Si bien el presidente Luis Lacalle Pou aún no firmó la reglamentación de los artículos, Spotify ya alertó mediante una declaración oficial, a la que accedió El País, que tiene fecha definida para comenzar su retiro del país. “Ante la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor incluidos en la ley de Rendición de Cuentas de 2023, y la confirmación de que cualquier costo adicional es responsabilidad de los titulares de derechos, Spotify lamentablemente comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1º de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero, en detrimento de artistas y fans”, se establece en la declaración.

“Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras, dueñas de los derechos de la música, y quienes representan y pagan a artistas y compositores”, se agrega y se insiste en un planteo de la multinacional que ya ha hecho en reiteradas oportunidades: “Cualquier pago adicional haría que nuestro negocio fuera insostenible”.

Luego se asegura que desde que está operativo en Uruguay, Spotify ha permitido que la industria de la música crezca un 20% en 2022 y generando ingresos por $ 40.000 millones. Y por último se sostiene: “Cambios que pudieran obligar a Spotify a pagar dos veces por la misma música harían que nuestro negocio de conectar artistas y fans fuera insostenible, y lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”.

Pese a las advertencias hechas meses atrás de que podría dejar el país si se votaba, la Rendición de Cuentas se aprobó a inicios de octubre incluyendo los polémicos artículos que modifican la ley de derechos de autor cuestionados por la multinacional de origen sueco.

Los cambios que impulsó el gobierno encabezado por el presidente Lacalle Pou -y cuyo foco principal de polémica está en la posibilidad de que los intérpretes reciban de una forma diferente pagos a partir de las reproducciones en internet- generaron un fuerte debate entre la Cámara Uruguaya del Disco (CUD) y la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei).

La principal demanda de la plataforma apunta a que, según denunció en una carta enviada al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el 19 de julio -tal como informó El País en agosto-, con esa redacción y también la actual pese a los ajustes que se realizaron en ambas cámaras, deberán “pagar dos veces” por el mismo contenido. Spotify considera que ahora los intérpretes podrán reclamarles el cobro por la reproducción de sus contenidos y no solo al productor que los contrató para hacer su disco a quien hoy Spotify ya le paga por cada vez que se escucha su música.

Los senadores alzaron su mano semanas atrás para aprobar el artículo 329 que señala que “el intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, internet o redes digitales de cualquier tipo, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia, medio o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual”.

En tanto, en el artículo 330, que fue votado por 16 de los 25 presentes en la cámara alta, se apunta que “artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales, generan en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”. “Se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar ejercerán la representación de artistas intérpretes o ejecutantes, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo, y según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003”, agrega.

En la empresa entienden que si bien la redacción del artículo varió en comparación con la primera versión que envió el gobierno en su proyecto de ley de Rendición de Cuentas, aún está planteado de una forma ambigua que habilitaría a los intérpretes a reclamar el cobro a las plataformas de streaming.

De hecho, el gobierno ya da como un hecho que la empresa insistirá. Da Silveira dijo en su momento, en diálogo con La Diaria, que los representantes de Spotify en Uruguay “están cambiando la estrategia”. “Primero amenazaron con irse para ver si evitaban la aprobación de estos artículos y, como no lo evitaron, en lugar de irse, ahora amenazan con que se van si no los satisface la reglamentación”, sostuvo y agregó que ese viraje en su posición “es una prueba de que no hay que tomarse muy en serio esa clase de declaraciones”.

De todos modos, dejó abierta la puerta a que la reglamentación contemple los planteos de la empresa. El ministro dijo que “ahora se abre un período de consultas” y que “se buscará la mejor solución posible”.

Fuentes de gobierno indicaron a El País que aún se mantiene abierta la negociación y que continúan los contactos entre todos los actores involucrados para llegar a la mejor reglamentación de los artículos.