PROYECTO DE LEY

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El problema de fondo buscó atenderse en una ley que ya lleva casi nueve años vigente pero que no ha tenido mayor éxito, pues han sido muy pocos quienes se ampararon en lo que habilita esta normativa. Son contadas las mujeres en Uruguay que decidieron prestar su vientrea una pareja que no puede tener familia porque la madre está imposibilitada por “enfermedades genéticas o adquiridas”.

Esto no significa que la demanda sea baja -ni mucho menos- sino que es expresión de una importante limitación normativa: solo pueden prestar su vientre aquellas mujeres que tengan un vinculo de segundo grado de consanguinidad con quien quiere ser madre -o su pareja-. O sea, hermanas o cuñadas.

Por esto -porque la demanda en realidad es mucho más amplia que lo que la ley permite, pero además por razones de constitucionalidad- es que el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, presentó el año pasado un proyecto de ley que busca que la subrogación de vientre se permita a cualquier mujer -siempre y cuando quien lo solicita tenga el impedimento biológico- y pretende incluso que la discusión de la iniciativa en comisión se acelere y pueda votarse próximamente.

Sin embargo, el proyecto tiene algunos detractores dentro de la coalición de gobierno, en particular entre legisladores del Partido Nacional.

En la reunión de bancada de los nacionalistas que se hará hoy al mediodía, y a la que estará invitado Peña, los blancos que están en contra -o que al menos tienen serias dudas- expondrán allí sus argumentos.

Esta situación llamó la atención de Peña, ya que entiende que la aprobación de su proyecto “es un compromiso de la coalición y del presidente Luis Lacalle Pou”, quien está a favor. “Y el compromiso que tiene el Partido Nacional debería cumplirse más allá de la opinión de algunos diputados”, agregó Peña en diálogo con El País.

¿Dónde están los reparos? El principal, en el hecho de que se busque ampliar esta posibilidad por fuera del círculo familiar. “No estoy de acuerdo con eso bajo ningún concepto”, sintetizó el legislador blanco Rodrigo Goñi. “Sí lo estaría -agregó- con que se extendiese, por ejemplo, hasta la línea de los primos, pero el gran paso que quiere dar este proyecto es que se extienda a los no familiares y en eso estoy en contra”.

Es que de esta forma, siguió Goñi, “queda abierta la posibilidad de comercialización, ya que al permitir que se pacte con cualquier mujer que esté dispuesta a llevar adelante la maternidad subrogada, se vuelve más difícil su control, aún para el caso que se establezca algún requisito de prohibición de intercambio de dinero o bienes, lo que tampoco se previene”.

La postura de Goñi es compartida por su correligionario Álvaro Dastugue, quien “en primera instancia” también rechaza la iniciativa de Peña.

Luego hay otros representantes blancos que manifestaron estar en contra de algunos aspecto. Álvaro Viviano, por ejemplo, reconoce como “loable” el proyecto de Peña, pero dijo que es necesario “buscar mecanismos que den garantías de que no se incurra en la comercialización de vientres, que es la situación no querida”. Carmen Tort, por su parte, admitió que hay una “necesidad” en la población de generar una normativa más permisiva, pero que persiste el riesgo de que se genere un comercio en negro, y que además esto afectaría a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

A todo eso, Peña respondió que su texto “no permite el alquiler” bajo ninguna o óptica, y que lo que busca es solucionar una inconstitucionalidad que se produce desde el primer momento en que la ley no es igual para todos, “porque no todos cuentan con hermanas” a las que recurrir para tener familia -cuando todas las otras vías son imposibles-, ni los medios para tramitarlo en el exterior. “Yo estoy subsanando el problema”, concluyó.

En la bancada del Partido Colorado este tema todavía está en análisis por lo que no hay opinión formada, según dijo a El País el diputado Felipe Schipani. El representante de Cabildo Abierto en esta comisión, Martín Sodano, no respondió a las consultas realizadas.