Redacción El País
La política partidaria reaccionó a la orden del juez Alejandro Recarey de no firmar el contrato con las empresas que pensaban encargarse del proyecto Neptuno, poniendo así un manto de suspenso a la planta potabilizadora en Arazatí.

Carolina Cosse, precandidata del Frente Amplio a la Presidencia de la República, celebró la decisión y dijo que aún hay una serie de preguntas sin resolver, por ejemplo "cómo van a transportar" el agua, "cómo van a responder a la salinidad" del Río de la Plata y "cómo van a asegurar la potabilidad".

"No me voy a poner a opinar sobre el fallo de la Justicia porque confío en la Justicia de mi país. Digo que como uruguaya siento un alivio en que haya habido un parate en un proyecto que es muy cuestionado en su oportunidad, su respeto por el ambiente y su efectividad", apuntó en diálogo con la prensa.

Visión contrapuesta fue la del senador del Partido Nacional Sergio Botana, que apuntó contra el juez que aplicó la medida cautelar y recordó una antigua resolución del mismo magistrado que suspendió la vacunación contra el covid-19 en niños.

"El juez Recarey es una vergüenza para la república. Antes atentó contra la vacunación. Ahora contra el agua. Confunde ley con ideología. Él es juez, no militante de comité de base", escribió en su cuenta de X.

En julio de 2022 Recarey dio lugar a un recurso de amparo para suspender la vacunación anticovid a menores de 13 años, medida que finalmente revocó un Tribunal de Apelaciones. Aquella situación le valió al juez una suspensión de su cargo por 90 días, según dispuso la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El magistrado emitió una resolución en la que ordenó a OSE "no innovar" y que "no suscriba" el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que se iba a encargar de la obra en Arazatí, en la costa del Río de la Plata en San José, para realizar el proyecto Neptuno.

De esta forma quedó suspendida, de momento, la obra para una nueva planta potabilizadora, un proyecto que generó rechazo en la oposición política y algunas organizaciones sociales ambientalistas.

Estefania Leal/Archivo El Pais

La orden es "hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario" ante una demanda que presentaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización denominada Tucu Tucu.

"Se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable", expresa el documento judicial al que accedió El País.

"También es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas", apuntó el juez.

El magistrado consideró que "hay extremos indiciarios serios" de que "podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad de la que podría disfrutar" si la toma se hiciese en fuentes más limpias.

Además, "no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas del agua".

De esta forma el juez aceptó la medida cautelar solicitada por las organizaciones, representadas legalmente por el abogado Juan Ceretta. Una vez resuelto este tema, ahora las organizaciones tienen 30 días para presentar una demanda por el fondo del asunto, que es la construcción o no de la planta potabilizadora.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Varias partes involucradas como OSE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública (MSP) apelaron la decisión del juez Recarey.

La resolución será revisada por un Tribunal de Apelaciones. En caso de que ratifique la decisión del juez y finalmente se inicie el juicio por el tema de fondo, la instancia podría demorar años.

De momento el proyecto y la licitación se aprobaron y se adjudicó al consorcio, pero no se ha firmado el contrato.