El martes que viene se sabrá si se aprueba en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que consagra la denominada tenencia compartida. La clave está en la definición que tomen varios diputados colorados pertenecientes a Ciudadanos que hasta hoy se mantienen en duda y que se conocerá apenas antes de que el tema se discuta en sala.

Se trata de un asunto que, como pocos en los últimos años, divide aguas no solo a nivel político sino también en toda la sociedad. Esta semana organizaciones como la Institución de Derechos Humanos (INDDHH) o Unicef salieron a cuestionar el proyecto. Ante esta situación, las organización Stop Abuso y Familias Unidas por Nuestros Niños realizaron en las últimas horas una serie de precisiones y, de paso, llamaron a los legisladores a aprobar la iniciativa.

"La Corresponsabilidad en la Crianza es nada más y nada menos que la igualdad de derechos y deberes entre madres y padres", se afirma. "Como proyecto, ampara el derecho más básico del menor, que es el de tener una familia y tener contacto con ella, ya que está demostrado que es lo mejor, lo más sano y oportuno y tiene como fin único el interés superior del niño", agregan a través de un comunicado.

Para estos colectivos resulta "esperanzador" saber que se trata de un proyecto que mira "cada fragmento" de los "miles de niños" que están siendo "silenciados e invisibilizados" y distanciados de la totalidad de su familia. "Cada año miles y miles de niños son apartados por la fuerza de padres y familias paternas que los aman", señalan. Una obstrucción de vínculos que, sostienen, muchas veces se da por "falsas denuncias sobre violencia de género" o porque el progenitor que tiene la tenencia impide que el otro se comunique con el menor.

Para estas organizaciones el proyecto cuida cada detalles de los intereses e impide que haya un "monopolio de los cuidados y su protección" que, se indica, muchas veces cae en "padrastros abusadores o vecinos con intenciones alejadas a las esperadas". Así, se insiste, la tenencia compartida es un derecho básico para cualquier niño o adolescente y, salvo excepciones muy particulares "no se la debemos negar o impedir nunca".

"Nuestro compromiso con los derechos de niños y adolescentes no nos permite seguir jugando a las escondidas con la forma más cruel e inmoral de hacer daño", dicen estas organizaciones, que aseguran no responder a ninguna fracción política, "como lo hacen los que se oponen a la tenencia compartida". Tampoco dicen trabajar "por millones de pesos", ni "actuar deslealmente inventando opiniones" como lo hacen "corporaciones con ideología comprometida y que lucran con el tema". Se basan en investigación científica independiente tanto a nivel nacional como internacional, según explican.

Las organizaciones apelaron a datos del INAU y de la propia Unicef que indican que, en los casos de homicidios de niños y adolescentes registrados entre 2012 y 2018, los padres homicidas representaron solo el 5% del total. En siete de cada diez casos el asesino fue el alguien ajeno al ámbito familiar, En el 11% fue la madre y en el 9% resultó ser la pareja o expareja de la madre.

Varios miembros de Stop Abuso habían concurrido en octubre del año pasado al Parlamento para exponer su punto de vista ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, que analizaba el tema. Allí una de sus integrantes, Nita Próspero, había señalando que la obstrucción de vínculos es un fenómeno cada vez más recurrente y constituye una nueva forma de maltrato infantil. "Los niños son explotados, y se les pone un precio en los juzgados para poder mantener un vida, más manos, como antes de la separación de sus padres", afirmó.

"Lamento que las organizaciones que trabajan para que no exista el femicidio nunca se preocuparan por analizar el perfil de femicida, ya que nunca se estudió acá", dijo. Allí citó informes realizados en países como Estados Unidos, Suiza o Finlandia, que según indicó demostraron que el 60% de los femicidas habían nacido en un hogar fragmentado y sin un padre en él. También que el riesgo de interrumpir estudios, de tener embarazos adolescentes o de tener conflicto con la ley aumentan más de 50% cuando se crece en un hogar de ese tipo.