POLÉMICA

Lo que empezó como una polémica pública a mediados de setiembre terminó ahora en la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá si las irregularidades constatadas de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) -una organización que hasta hace poco se encargó de distribuir alimentos del Estado a varias ollas populares- se encuadran también en figuras delictivas.

El asunto fue comunicado por el ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, en conferencia de prensa el miércoles pasado, y ya allí se dieron a conocer algunos detalles de una investigación administrativa que fue calificada como “contundente” por la gravedad de sus resultados, que obligaron a la cartera a remitirlos al Ministerio Público.

“Queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos”, dijo ese día el titular del Mides, que además subrayó que muchas ollas funcionaban en “comités políticos partidarios”.

El expediente de la investigación que abrió la cartera, luego de que la CPS mostrara reticencias para enviar su base de datos entre setiembre y octubre, tiene cerca de 800 páginas. Y concluye, a grandes rasgos, que la coordinadora declaró “más ollas y merenderos de los que realmente” integraban la red; que hay “ollas y merenderos (...) que no funcionan en la actualidad en las direcciones proporcionadas por la CPS”; que se entregaron alimentos que no llegaron a destino o que en algún caso se vendieron; y que “las porciones solicitadas por las ollas y/o merenderos directamente al Mides es menor que la declarada por la CPS en los datos que aportó”, según se desprende en el informe de instrucción de la cartera al que accedió El País.

Para llegar a estas conclusiones -que en otros tramos del documento son más precisas y se afirma, por ejemplo, que son 68 las ollas declaradas por la red que no estaban activas- se tomaron 53 declaraciones de testigos que firmaron su declaración; se visitaron 250 ollas de Montevideo y Canelones que estaban en el listado de la CPS; se analizó diversa documentación -desde informes de la iniciativa Solidaridad Uy hasta del Registro Único de Proveedores del Estado-; y se accedió a una denuncia policial ya realizada por un exintegrante de la CPS, a un memorándum suscrito por el Mides, a planillas, fotografías, y varios otros insumos que completan una larga lista.

Pero una parte sustancial de las conclusiones se extrajo de los testimonios, de los que se desprende que la CPS obligaba a los referentes de las ollas a “asistir a las reuniones del plenario de su red, so pena de no recibir los insumos”, y que en esas reuniones se abordaban contenidos “netamente políticos”. Asimismo, “de algunos testimonios surgen denuncias de apropiación indebida”.

Los entrevistados por lo general dan cuenta de una serie de declaraciones falsas de referentes de ollas o de la red, en una reiteración que en ocasiones parecería seguir un patrón de comportamiento.

Por ejemplo, uno de ellos declaró que había un caso en que el referente decía tener “dos ollas” cuando solo tenía una, y que atendía a 300 personas, cuando los asistentes nunca eran más de 50, y además tenía un “almacén”.

“A todas las ollas nos pasó que cuando se empezaron a pedir datos, la gente de la red ponía más platos de lo que en realidad servían. Yo una vez llegué a los 189, 200 y ellos ponían 230, 240. Inflaban los números -afirma otro testimonio-. Pero tampoco es que ponían más platos y te daban más cosas. No. (...) En mi caso yo declaré 180 (platos) y pusieron 220”.

En otro caso, la instructora de la investigación constató in situ que mientras una de las ollas declaraba servir 2.450 porciones semanales, en realidad brindaba 240. Es decir, 10 veces menos.

El verbo “inflar”, para indicar que se brindaban datos mayores a los reales, aparece de hecho en más de un relato.

Verbigracia: “No teníamos pruebas pero tampoco dudas. Sabía que había irregularidades desde que se inflaban los números; ponían ollas que no existían, todo el paquete”.

También hay declaraciones de gente que confirman el proyecto político de la iniciativa: “Querían venir a la olla a ponerme una bandera política y no los dejé”, señaló un interrogado en ese sentido. “Solo eran reuniones políticas, se hablaba del gobierno”, aseguró otro.

Hay asimismo denuncias que apuntan como “problema” el “favoritismo” con algunas ollas -“no le daban insumos a todas sino a quienes eran sus amigos”-, o la discriminación por reclamar más alimentos. “Ellos me echaron. Y no solamente a mí -dice otra voz-. Nos desafectaron a 11 ollas y merenderos. Y son los que están ahora en esta red. A ellos los desafectaron por reclamar insumos. Algunos no decían nada pero nosotros como peleábamos nos echaron”.

Hay un testimonio que dice esto: “Fuimos echados de la red por diferentes motivos, especialmente persecución política”.

Y hay otro más que cuenta: “Nosotros sabemos de ollas que no abren. De ollas que no cocinan y terminan tirando la comida”.