Redacción El País
Mañana empezará a correr el plazo de un mes que el Pit-Cnt se dio pararesolver si impulsará o no una consulta popular que derogue la nueva ley jubilatoria. Si la central sindical logra promover un plebiscito constitucional, la reforma de la seguridad social podría quedar sin efecto con 50% más uno de los votos que se emitan en octubre de 2024. Sin embargo, todavía falta que corra mucha agua debajo del puente.

El jueves pasado, la Mesa Representativa definió una prórroga hasta el 10 de agosto ante la coexistencia de tres posturas. En el Pit-Cnt las dos corrientes mayoritarias están a favor del plebiscito, aunque con matices notorios sobre su contenido.

A su vez, una minoría -cuyo mayor peso es la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)- tiene dudas sobre si iniciar la campaña.

Recién después de esta definición el Pit-Cnt podría comenzar a recolectar las firmas de al menos 10% de los votantes, primer requisito para someter a votación popular la permanencia o no de uno de los buques insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Las rúbricas deberán ser entregadas a la Corte Electoral antes del 27 de abril del año próximo.

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, es optimista sobre la viabilidad de la consulta popular. “Todo indica que vamos a un plebiscito, aunque hay distintas posturas sobre el contenido”, aseguró el dirigente metalúrgico en diálogo con El País.

Y agregó: “Estamos convencidos de que hacer los esfuerzos para promover consenso siempre es redituable desde el punto de vista del movimiento popular. En este tiempo estamos tratando de promover una base más amplia de consenso para llegar a una orientación lo más común posible”.

Si bien ya están dadas las mayorías para el plebiscito dentro de la Mesa Representativa, ninguna de las tres posturas tiene fuerza suficiente por sí sola. Por un lado, Abdala y otros dirigentes sindicales entienden que la papeleta debería limitarse a declarar sin efecto jurídico la Ley 20.130, para dar una batalla más profunda sobre la reforma de la seguridad social en el próximo período de gobierno.

Esto contempla la posibilidad de que el Frente Amplio vuelva al poder y, como se ha comprometido formalmente, convoque a un diálogo social para transformar el sistema a partir del 2 de marzo.

“Nosotros queremos ir a una discusión de fondo, no de retoques. Para eso es central tener una victoria en la que muchísima gente se manifieste de forma contraria a esta ley”, sostuvo Abdala.

A su vez, si la norma pierde vigencia, el Pit-Cnt podrá volver a discutir las bases de la reforma, independientemente de qué partido triunfe.

“Nosotros preferimos una lucha en dos fases. Primero dar por tierra esta ley y después apuntar a otros objetivos. Si tenés una base más amplia desde el arranque obviamente que tenés mejores condiciones para organizar una victoria”, argumentó el presidente de la central obrera.

No obstante, este planteo no es de recibo de los gremios que quieren impulsar el plebiscito, pero con otros contenidos. Esta papeleta buscaría eliminar el lucro de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), fijar los 60 años como edad mínima para jubilarse y establecer un monto básico para el retiro de todos los trabajadores.

“El movimiento sindical parte de una base de acuerdo: desde hace mucho tiempo se dice que hay que eliminar las AFAP, por lo que no conforman los elementos de otro sector que dice que hay que esperar porque tácticamente no es un elemento que esté planteado en la calle de forma tan clara para que la población acompañe”, apuntó Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).

En la Mesa Representativa este planteo fue acompañado por los trabajadores de la Enseñanza Privada, Ancap y UTE. En tanto, a nivel político el plebiscito para eliminar las AFAP tiene eco en el Partido Socialista, cuyo Comité Central se expresó a favor de la consulta popular en junio.

Si bien está el plazo del 10 de agosto, la ATSS considera que no es “lógico” proponer un plebiscito que se limite a derogar la Ley 20.130, teniendo en cuenta que esta es una discusión que ya están librando algunos dirigentes partidarios.

En diálogo con El País, Sosa recordó que el Pit-Cnt ya planteó en dos Congresos eliminar las AFAP. Y sin embargo, al margen de la reforma jubilatoria, el gobierno incluyó en esta Rendición de Cuentas disposiciones que refieren al lucro en la seguridad social, alertó.

“Consideramos que tenemos que seguir adelante porque hay una deuda moral con la población. El sindicato tiene que respetar lo que planteó desde un principio como el principal problema de financiamiento, que es la existencia de las AFAP. Vamos a seguir por esa línea, siempre tratando de generar la mayor cantidad de acuerdo, pero también amparados en las resoluciones del Pit-Cnt”, indicó la presidenta de ATSS.

Por su parte, Abdala -que también integra la orgánica del Partido Comunista del Uruguay- remarcó que garantizar la derogación de la Ley 20.130 en octubre estaría lejos de ser un planteo estéril. “No es como han planteado públicamente algunos compañeros, que es vacío, porque esta norma ha generado muchos detrimentos para muchísimos sectores. Si dejás sin efecto la ley, la dejás sin efecto ya”, argumentó.

El Pit-Cnt entiende que la discusión sobre la reducción de la jornada laboral sin pérdida de ingresos llegó para quedarse. Por esta razón fue una de las reivindicaciones principales de la central sindical en el Consejo Superior Tripartito, de cara a la décima ronda de los Consejos de Salarios para el sector privado, que abarca a 164 mesas. El Pit-Cnt entiende que una ley debería garantizar el derecho de los trabajadores a tener una carga semanal más baja, por ejemplo pasando de las 48 a las 40 horas.

Abdala aseguró que, en empresas uruguayas donde ya se implementó el cambio -como Fanacif, del sector autopartista-, tanto los empleadores como los empleados se vieron beneficiados. “Es la ley laboral más importante por la cual va a luchar el movimiento sindical en el futuro inmediato”, vaticinó el presidente de la central obrera, que quiere instalar el debate a nivel nacional.