Los programas de gobierno de todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de fortalecer la integridad de la gestión en el Estado y plantean propuestas para potenciar el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), un servicio descentralizado también conocido como Junta Anticorrupción. En consecuencia, gane quien gane las próximas elecciones, si cumple, privilegiará el rol institucional de este órgano de contralor y le agregará cometidos y potestades.

Las bases programáticas del Frente Amplio plantean “modificaciones legales y los cambios institucionales que permitan el máximo grado de autonomía, mejorar el contralor y la mayor coordinación posible entre los organismos involucrados”. Y menciona a la Jutep, Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

“Se potenciará la Junta de Transparencia y Ética Pública realizando modificaciones tanto en su naturaleza jurídica, en busca de profundizar su nivel de independencia, como en sus potestades y cometidos, otorgándole mayor autonomía en su accionar y presupuesto acorde”, afirma el Frente Amplio, aunque sin dar mayores detalles.

En tanto, el Partido Nacional plantea que la Jutep se vincule con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya creación se propone, y no del Ministerio de Educación y Cultura como ocurre actualmente.

Y específicamente se establece que “se continuará fortaleciendo la Jutep como mecanismo de contralor de los funcionarios y autoridades públicas. La experiencia internacional marca la necesidad de generar la mayor cantidad de controles en la esfera pública porque su perforación suele ser objetivo del crimen organizado. Se continuará dotando de recursos humanos y materiales, así como calificación para el mejor cumplimiento de sus cometidos”. Este programa tampoco ingresa en especificaciones sobre los objetivos a alcanzar.

Este período de gobierno no ha sido bueno para la Jutep. Durante el primer año y medio su funcionamiento estuvo prácticamente paralizado por la pandemia. En setiembre de 2021 el vocal Jorge Castro (Partido Comunista) renunció tras haber quedado cuestionado por el Frente Amplio por haber votado la resolución que sostuvo que en la construcción del Antel Arena se violaron “principios y normas de conducta”. Los representantes de la Jutep tienen independencia técnica y el organismo debería estar blindado frente a las presiones políticas. A fines de 2022 renunció la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, perteneciente a Cabildo Abierto, aduciendo razones personales.

Foto: Francisco Flores.

En cuanto a recursos humanos, en 2022 se retiró un pase en comisión y la Jutep quedó con un solo abogado en funciones, lo que provocó una muy importante acumulación de expedientes, situación que se está poniendo al día con el ingreso en los últimos meses de tres abogadas. Por falta de personal, el organismo no está pudiendo cumplir con la obligación legal de publicar las declaraciones juradas de bienes e ingresos de todos los sujetos obligados, se trata de un número muy alto de funcionarios públicos.

La Jutep también está omisa frente a otro mandato legal que obliga a la apertura en forma aleatoria del 5% de las declaraciones juradas en sobre cerrado que están en su poder.

“No lo hacemos porque no tenemos personal, ni siquiera tenemos un contador en este momento”, dijo a El País el vicepresidente de la Junta, Guillermo Ortiz.

No obstante, Ortiz destacó que, tras haber enfrentado tantas dificultades durante el período, confía en que se entregará la gestión ordenada y al día.

El programa del Partido Colorado, presentado el pasado jueves, propone “dotar de mayores recursos a la Jutep para ampliar su estructura y presupuesto, con el fin de incrementar las auditorías y controles de prevención en materia de soborno y corrupción”.

Cabildo Abierto, por su parte, bajo la premisa “un Estado controlando actividades y siendo controlado a su vez”, entiende que además del fortalecimiento en cuanto a los recursos humanos, su capacitación y recursos materiales, “deberían ampliarse las declaraciones juradas que se publican en la página de la Jutep”.

Y señala casos específicos. “Que abarque al secretario de Presidencia, quien actualmente está obligado a presentar declaración jurada pero la misma no se publica; a directores de proyectos, gerentes, jefes de compras y ordenadores de gastos y de pagos de los organismos públicos cualquiera sea la denominación del cargo, funcionarios que ocupen cargos políticos o de particular confianza, y la totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y los que prestan servicios en dicha repartición”.

También plantea que la Jutep apruebe códigos de ética y conducta en cada organismo del estado “a fin de que no quepa dudas de que ante una denuncia que implique algún delito, la Jutep deberá dar cuenta al Ministerio Público, pero no la inhabilita a continuar con la investigación a nivel administrativo”.

Este aspecto en realidad ya está vigente. La Jutep tiene el rol de capacitación de funcionarios en materia de corrupción, aunque por falta de personal no alcanza a todos los que debería por mandato de la ley. Y en cuanto a las denuncias que recibe contra funcionarios públicos, si hay mérito envía los antecedentes a la Justicia y se comunica con el organismo involucrado para sugerirle que continúe las acciones administrativas correspondiente (investigación, sumario, destitución).

El programa del Partido Independiente tiene un extenso capítulo dedicado a la transparencia de la gestión pública. Propone fortalecer y ampliar los cometidos de la Jutep. “Se aspira a que la Jutep tenga una función más activa. Se propone una ampliación de sus cometidos estableciendo un papel de colaboración con el Ministerio Público en sus tareas de investigación judicial. Además, que pueda realizar un análisis y auditoría de los contenidos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Y que realice una sistematización de un Texto Ordenado de las normas referidas a la transparencia y la lucha contra la corrupción”, señala el programa.

Se compromete, también, a reforzar los recursos humanos y financieros del organismo. Y agrega “ampliar la obligación de publicidad de las declaraciones juradas del funcionariado públicos, alcanzando no sólo al presidente y vicepresidente de la República, sino también a quienes ocupen bancas en el legislativo, y ocupen los tres cargos máximos en ministerios, Intendencias Departamentales y Direcciones de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados”.

De acuerdo a la normativa vigente, todas las declaraciones quedan a disposición de la Jutep en sobre cerrado, haciendo públicas solamente las del presidente y vicepresidente de la República.

Ortiz destacó el rol institucional de la Junta y coincidió que se potenciará si se refuerza con personal, aunque entendió que no se necesita un enorme esfuerzo para hacerlo. “Hoy funciona bien, con más recursos funcionará mejor”, sostuvo.

Foto: Leonardo Mainé.

Y en cuanto a sus potestades, consideró que un cambio realmente sustancial implicaría convertirla en un órgano de contralor a la par del Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral. “Eso sería sustancial, realmente importante, pero requiere de una reforma constitucional. También sería relevante que las resoluciones sean vinculantes y no meramente informativas, como ocurre ahora”, concluyó.