EXSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Días antes de declarar en Torre Ejecutiva en el marco de la investigación administrativa que inició el gobierno por sus viajes oficiales a Roma junto a una contadora sin una debida justificación, Miguel Ángel Toma, el exsecretario de Presidencia, dijo a El País que confía “plenamente en el sistema de Justicia que hay en Uruguay”.

Toma, que el 1° de marzo regresó a su cargo de fiscal de gobierno, no está yendo a su oficina del Ministerio de Educación y Cultura desde que comenzó la pandemia, el 13 de marzo, por estar comprendido dentro de la población de riesgo, ya que tiene 68 años, informó una fuente del ministerio a El País.

Desde su estudio jurídico en Ciudad Vieja, el jerarca habló por primera vez del tema, una semana después de que el programa Así nos va, de radio Carve, y el semanario Búsqueda informaran sobre sus viajes junto a la contadora. En el breve diálogo telefónico con El País, el jerarca se limitó a responder dos preguntas antes de despedirse.

En primer lugar, fue consultado sobre cómo recibió las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, que este miércoles dijo en rueda de prensa que si Toma fuera “un funcionario de confianza, no estaría más en el cargo”. “Yo estoy sometido a una investigación administrativa y por regla no puedo hacer ningún tipo de manifestación. Así lo establece el decreto 500, porque incurro en una falta administrativa grave. Por eso voy a respetar el procedimiento. Confío plenamente en la Justicia administrativa, confío plenamente en el sistema de Justicia que hay en Uruguay y respeto extensamente las normas que aplican a cada caso. Por tanto, no voy a hacer ningún tipo declaración”, insistió Toma.

Ante la pregunta de si tiene un vínculo personal o afectivo con la contadora que lo acompañó en cinco viajes oficiales al exterior, Toma respondió: “Esa es una pregunta ofensiva. Realmente me ofende que me haga esa pregunta. Así que gracias, hasta luego”.

El jerarca será citado para explicar la semana próxima en Torre Ejecutiva los motivos por los que la contadora que trabajaba en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) lo acompañó a cinco viajes oficiales: dos a Roma, por audiencias del Plan Cóndor, y tres a Washington, por el juicio de Aratirí. En ambos casos, Toma dirigió como secretario de Presidencia la defensa del Estado uruguayo.

El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez, será el instructor de la investigación administrativa que anunció el presidente Lacalle el pasado viernes y que podrá extenderse por 60 días.

A pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Toma explicó en enero que la contadora que lo acompañó a Roma porque “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.

A su vez, dijo que ella advirtió que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares no incluyó a Uruguay entre los damnificados. El jerarca agregó que gracias a eso el Estado presentaría un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico. Sin embargo, Búsqueda informó ayer que en Presidencia no saben nada sobre ese recurso.

Hoy hay tres investigaciones paralelas en torno a los viajes oficiales de Toma: la pesquisa administrativa a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la de la Jutep y la de Fiscalía.

La Jutep archivó el 9 de enero la investigación sobre los viajes, con los votos de Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez Larreta, por considerar satisfactorias las respuestas de Toma. El entonces presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia y al regresar, el 22 de enero, dejó constancia de que discrepaba con el archivo. Es que el entonces secretario antilavado, Daniel Espinosa, le había informado que su oficina no había colaborado en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor. Esto generó dudas sobre la pertinencia de los viajes de la contadora.

Esta semana la Jutep, con nueva integración, resolvió por unanimidad reabrir el caso y pedir más información a Presidencia. A su vez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió las publicaciones de prensa al fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, que también analizará si Toma incurrió en delito.