FISCAL DE GOBIERNO 

Tras una investigación administrativa de Presidencia de la República contra el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma -actual fiscal de Gobierno- por sus viajes oficiales al exterior durante 2019, se dispuso un sumario y suspensión preventiva del cargo por seis meses, informó Radio Universal y confirmó El País con fuentes del gobierno. 

La resolución presidencial conocida este miércoles indica, entre otros, que “el instructor de la investigación administrativa concluyó que existe una clara contradicción entre el informe de fecha 30 de diciembre de 2019 dirigido” a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y “las declaraciones recabadas en oportunidad de la presente investigación” por parte de Toma.

Se añade, además, que de la investigación “surgen hechos irregulares responsabilidad” de Toma “relacionadas con algunas misiones oficiales a las que concurrió” entre 2015 y 2020.

El presidente Luis Lacalle Pou dispuso esta investigación administrativa el 18 de setiembre para “esclarecer” las misiones oficiales de las que participó Toma, secretario de la Presidencia durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015 - 2020).

Dos días antes, el 16 de setiembre, el programa "Así Nos Va" (Radio Carve) divulgó que a comienzos de este año la Jutep archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por Toma y Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes.

Un día después, el 17 de setiembre, el semanario Búsqueda dio cuenta de la denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, en su mail acerca de esta situación.

Toma, - que declaró el 29 de setiembre por seis horas ante Sánchez en Torre Ejecutiva -, no logró probar que Pérez tenía la idoneidad técnica para concurrir a misiones oficiales relacionadas con juicios a militares uruguayos en el marco del “Plan Cóndor” en Roma y al arbitraje internacional iniciado por la minera Aratirí en Washington.

Sánchez había declarado a El País a fines de setiembre que el objetivo de esta investigación reservada era "determinar si hubo o no irregularidades en esas misiones".

"La instrucción tiene 60 días exactamente para realizarse. Estamos recién comenzando", había declarado en aquél entonces.

Toma cuenta con un cargo presupuestado en Fiscalía de gobierno, por lo que comenzaron dos procedimientos "bien distintos"

Por un lado, está la "investigación administrativa, donde se trata de determinar si hubo alguna irregularidad en la función pública", había indicado Sánchez. Luego, si se encontraba una irregularidad, se identificaría a las personas que podrían estar vinculadas a esta. El segundo proceso es un sumario que se inició una vez se comprobó la irregularidad.

En tanto, Sánchez había aclarado que si se constataba una irregularidad se podía llegar a la "destitución". De todos modos, se abre otro escenario, ya que "todos los funcionarios presupuestados de la Administración Central requieren la previa venia del Senado para la destitución", aclaró Sánchez.