Después de una espera de más de un año en la que la iniciativa parecía destinada a naufragar, ayer se dio un primer paso para que el sistema político acuerde una nueva ley que regule la financiación de los partidos. En la práctica, se trata de una serie de modificaciones que la coalición de gobierno planteó al proyecto presentado a inicios de esta legislatura por el Frente Amplio.

Las conversaciones han sido conducidas por el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien destacó en conversación con El País las primeras coincidencias. En una reunión en la que participaron también Carlos Varela (FA) e Iván Posada (Partido Independiente), Rodríguez informó que se avanza en una modificación de los topes previstos en los aportes que los titulares de las listas podrían hacer a sus propias campañas. El Frente Amplio había planteado un monto máximo de 300 mil unidades indexadas que, a la cotización actual, equivaldría a unos US$ 43.000. Esa limitante estaba incluida en la iniciativa que la coalición de izquierda impulsó en la pasada legislatura y que fracasó por falta de votos. Rodríguez considera que ese monto es demasiado “restrictivo” para los postulantes que, como en el caso de los senadores, deben financiar sus campañas en los 19 departamentos del país.

Otra de las modificaciones acordadas, relató el diputado colorado, pasa por la posibilidad de que las empresas puedan hacer aportes y donaciones a las campañas políticas. La propuesta que había presentado el Frente Amplio excluía esta opción, y también limitaba en 300 mil unidades indexadas las donaciones que realizan las personas físicas.

Por otra parte, el principio de acuerdo incluye la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas (TCR) tenga a su cargo la tarea de auditar las finanzas de los partidos y que esa información pueda ser utilizada por la Corte Electoral -a la que el proyecto le asigna un rol rector- para que ese organismo determine si esa fuerza política cumplió o no con la normativa.

También se acordó que la Corte Electoral tendrá potestades sancionatorias ante eventuales incumplimientos o por haber recibido aportes económicos fuera de la ley. Esa corporación también podrá multar a los partidos si incumplen con las prohibiciones vigentes durante las vedas electorales. La iniciativa del Frente Amplio planteaba que, en los casos muy graves, los partidos tuvieran que pagar un monto equivalente hasta siete veces el dinero recibido en forma irregular.

La reunión de ayer, apuntó Rodríguez, permitió avanzar en 20 de 29 artículos del proyecto del Frente Amplio que parecían objetados por la coalición de gobierno. Los avances serán a su vez presentados al Partido Nacional, que no pudo participar del encuentro. La intención es, en los próximos días, terminar con esta puesta a punto para la semana próxima tener sobre la mesa el borrador del nuevo proyecto para presentarlo ante la comisión parlamentaria que debe estudiar el tema.

Rodríguez se mostró optimista en que se concrete un postergado acuerdo y que la nueva ley sea aprobada, al menos en la Cámara de Representantes, durante el mes de octubre.

Por lo pronto, la coalición pudo despejar uno de los escollos más grandes que tenía en su objetivo de avanzar en esa dirección. Cabildo Abierto dejó de poner como condición para votar el nuevo proyecto el lograr la representación que, afirma, le corresponde en la Corte Electoral en función de los votos que obtuvo en 2019. La renovación de la integración de ese y otros organismos de contralor no pudo avanzar por falta de acuerdo político, por lo que los cabildantes siguen estando fuera de esos ámbitos.

En su audición partidaria el senador Guido Manini Ríos dijo este martes que es necesario aprobar esta nueva ley antes de que comience el año electoral.