Salvo una excepción particular, prácticamente la totalidad de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibieron con beneplácito el informe que ayer martes les presentó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en torno al proyecto de ley que fija una nuevo régimen de prisión domiciliaria. Legisladores de tres partidos allí representados se mostraron dispuestos a implementar sus sugerencias que, en buena parte, modificarían el núcleo duro de la iniciativa.

"Vemos con buenos ojos que en el Parlamento existan diversas iniciativas que buscan alternativas a la pena privativa de libertad, a la cárcel, como el mecanismo único o predominante de sanción penal", dijo Petit al comienzo de su extensa exposición, a la que accedió El País. En su visión, el proyecto presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín "está animado por principios humanitarios que compartimos que creemos que deben ser siempre los principios orientadores a la hora de intervenir sobre el preciado don de la libertad y de cuidar el uso del poder punitivo del Estado".

Petit recordó que el instituto de la prisión domiciliaria ya está regulado como medida cautelar, aunque no tan claramente como alternativa al cumplimiento de la pena, y dijo coincidir con el texto de Asiaín en que la prisión debe ser "la última ratio de los mecanismos" a aplicar. También valoró que el proyecto tome en cuenta los casos de las mujeres que deben cumplir penas y tienen hijos a su cargo.

Uno de los puntos que observó el comisionado, que dejó ante la comisión una propuesta de modificación, pasa por el artículo 2. Allí establece que el régimen de prisión domiciliaria se impondrá "de oficio y sin más trámite ni procedimientos" cuando se trate de personas mayores de 70 años. "Nos genera fuertes reparos y creemos que en ningún caso debe ser aprobado, ya que le hace mal y contamina toda la norma", indicó a los legisladores.

Según las cifras aportadas por el comisionado, en el sistema carcelario uruguayo hay actualmente 95 personas mayores de 70 años de edad. Un volumen, dijo, muy propicio para el análisis caso por caso. Apuntó que los registros son claros en indicar que, en general, las personas de edad avanzada presas han cometido delitos graves o muy graves.

Al respecto, subrayó la necesidad de que, al tomarse una determinación de este tipo, todas las partes involucradas en el caso puedan participar y que la definición, lejos de ser preceptiva, sea tomada por el juez de forma imparcial y con todos los elementos de valoración necesarios. "Por supuesto que el artículo es legal y abstracto, pero a nadie escapa que actualmente hay un grupo de mayores de edad privados de libertad por delitos muy graves", insistió.

"Proceder a aplicar un mecanismo que no tenga las circunstancias de cada persona y cada delito sería una fisura muy importante en el rol democrático de los actores del proceso penal", advirtió. "Además, generaría una enorme desconfianza en la ciudadanía, que puede creer que se está queriendo favorecer a un determinado grupo de personas". A su entender, la redacción de ser muy cuidada para no generar mecanismos que terminen generando una "sospecha de impunidad".

La sugerencia fue aceptada inmediatamente por Asiaín, redactora del proyecto."Desde ya adelanto que, en lo personal, lo adoptaría", indicó. El compromiso de la legisladora pasa por adecuar el texto a las observaciones del comisionado en cuanto a la intervención de un un juez, caso por caso, cuando se solicite la prisión domiciliaria.

En diálogo con El País, Asiaín sostuvo que en la comisión hubo una sugerencia en igual sentido que habían formulado especialistas en derecho procesal y penal. Consultada, admitió de todas formas que el panorama en su bancada es complicado. "Algún senador ya me comentó que no estaba de acuerdo", adelantó.

Desde el Frente Amplio, el senador José Carlos Mahía prometió que su bancada estudiará detenidamente las propuestas que, adelantó, resultan muy atendibles. Sobre todo, apuntó, a la necesidad de evitar lo que puede ser, a ojos de la sociedad, un "guiño o posible apertura hacia la impunidad" de determinados delitos.

En diálogo con El País, Mahía subrayó que el Frente Amplio no votará el proyecto, al menos que se especifica en forma textual que la prisión domiciliaria no podrá beneficiar a las personas presas hoy por "haber delinquido violando los derechos humanos", en referencia a los alojados en la Cárcel de Domingo Arena.

Una postura que, a su vez, es rechazada en la coalición. "Introducir una cláusula de ese tipo sería tan discriminatorio como legislar con nombre y apellido", indicó Asiaín.

En el Partido Colorado, el senador Adrián Peña (Ciudadanos) consideró muy interesante el enfoque de Petit,. sobre todo que en análisis de una eventual prisión domiciliaria deba estar centrado en cada caso en particular y las condiciones que se deben cumplir. Peña se detuvo en la necesidad de que la decisión quede en manos de un juez, luego de un proceso en que estén representadas todas las partes.

Petit también se detuvo en observar el artículo 5 del proyecto, que establece excepciones al régimen de prisión domiciliaria. "Este es un punto medular", sostuvo. Según su visión, si se trata de un mecanismo humanitario y alternativo, no debería estar condicionado al delito en sí, sino a la situación de vulnerabilidad que presente la persona y a que el cumplimiento de la prisión no sea violatorio de su dignidad.

El comisionado dijo no comprender allí la grilla de delitos establecida como "filtro" que, si bien incluye delitos graves como abuso sexual, violación o los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 2006, no aparecen otros como homicidio agravado, privación de libertad o abuso de autoridad, tan o más graves que los anteriores.

En la comisión hubo un mayoritario saludo al análisis presentado por Petit y por sus sugerencias. "Me quedé muy conforme porque elogió el espíritu del proyecto y reconoció que no se está legislando para situaciones concretas, sino para el futuro", le dijo Asiaín a El País.

La excepción fue Guillermo Domenech (Cabildo Abierto). Todo se originó con una consulta de su colega frenteamplista Liliam Kechichian, que le preguntó a Petit si había visitado recientemente la Cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos exmilitares y expolicías por delitos vinculados al terrorismo de Estado. La inquietud era en qué condiciones están alojados esos detenidos.

"Reconozco que en la dictadura se cometieron atropellos que no acompaño", reaccionó Domenech. "Pero me da la impresión de que se está escribiendo una pseudohistoria en la que se juzga con distinta vara las mismas conductas", aseguró. "Me da la impresión de que estamos en una tónica en que a determinados sectores ideológicos se les perdonan los delitos cometidos, y a otros se les pretende mortificar".

Acto seguido, insistió en las críticas de Cabildo Abierto hacia una Justicia "politizada", "destruida" y "manipulada", con fiscales "adictos" a la izquierda. Para Domenech —cuyo partido había presentado el proyecto original de prisión domiciliaria— lo que se pretende es, a través de un "ambiente psicopolítico" tratar en forma dscriminatoria a ciudadanos que, algunos casos, dijo tener "fundadas dudas" de que hayan sido justamente acusados. "Hubo personas procesadas por el color de sus ojos, o simplemente por cosas tan absurdas como encontrarse en una unidad, sin otras pruebas que meros testimonios", aseguró.

Petit, cuya presentación evitó cuidadosamente hacer referencia a situaciones específicas, se vio obligado a "incursionar" en el punto. El comisionado insistió que en que rol de la víctima es fundamental, por lo que dijo entender que, en casos como estos, un mecanismo de prisión domiciliaria de oficio "no corresponde". El comisionado fue claro: sin aludir a ningún caso particular ni hacer mención al lugar donde están detenidas, sostuvo que muchas de estas personas, si bien el delito fue tipificado posteriormente, están presas por conductas que "sustantivamente" son de lesa humanidad: desaparición de personas, secuestros y "toda la expresión del terrorismo de Estado nazista o fascista que sufrió el Uruguay cuando se atropelló con las instituciones", más allá de reconocer que hubo "otras violencias previas" de "grupos informales" que también fueron muy negativas.

Su comentario generó una furibunda reacción de Domenech. "¿La comunista y la marxista no le importa?", increpó. Petit optó por responderle parafraseando al fallecido vicepresidente de la República, Enrique Tarigo. "Todas las formas totalitarias, sean rojas, pardas, verdes, azules o el color que sea, son condenables en la medida que implican la negación de la dignidad humana", dijo. Petit aclaró que hizo alusión al nazifascismo porque "creo que estaba más cercano al atropello que tuvieron las instituciones del Estado en ese período".

Petit se refirió a las condiciones de Domingo Arena. La describió como una "cárcel muy correcta, muy digna, con espacios verdes y amplios, con espacios de circulación, habitaciones individuales con baños individuales". En esa prisión están hoy alojadas 26 personas. En su gran mayoría, indicó, por casos de homicidio muy especialmente agravado o abuso de autoridad contra detenidos.