Tribunal de Ética Médica aceptó, luego de varios rechazos, investigar la denuncia contra la anestesista Miralles

El Tribunal de Ética Médica resolvió en las últimas horas dar curso a la denuncia que había presentado Rosario Barrera contra la anestesista Inés Miralles, hoy condenada por la Justicia por un homicidio culposo cometido durante una operación a la que se sometió Soledad Barrera a fines de octubre de 2023, tras la cual, luego de varios meses, la víctima falleció como consecuencia una mala praxis sufrida en ese procedimiento.

Este órgano, que evalúa la conducta de los médicos y que funciona bajo la órbita del Colegio Médico del Uruguay, había rechazado en otras cuatro oportunidades por diferentes motivos, investigar el comportamiento de la anestesista.

De acuerdo a la resolución del Tribunal, a la que accedió El País, lo que se definió fue "asumir jurisdicción y dar ingreso a la denuncia formulada", y "fijar provisoriamente el objeto del proceso". Eso significa entender "si hubo falta ética en el procedimiento de la Dra. María Inés Miralles, a partir de los hechos identificados en la denuncia".

A partir de ahora se le confiere "traslado a la parte denunciada, quien dispondrá de quince días hábiles para contestar la denuncia y presentar sus pruebas".

En el escrito que Barrera y su esposo presentaron esta semana, redactado por el abogado Pablo Schiavi, se habían enumerado una decena de las violaciones al Código de Ética Médica. Entre ellas, se identificaron: el deber de cuidar de la salud de las personas y de respetar la vida y la dignidad humana; el de ser responsable en la calidad de la asistencia o asumir las "consecuencias negativas de sus actuaciones"; la obligación de registrar correctamente la información en la historia clínica; mantener buena relación con las personas o las instituciones y "respetar siempre al ser humano que ha confiado" en el médico.

Barrera también presentó una denuncia en este mismo ámbito contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, entre otras cosas por haber dispuesto que la pena administrativa que se había fijado contra Miralles, luego de que la Comisión Honoraria de Salud Pública investigara a fondo lo ocurrido, se redujera de cinco a tres años de inhabilitación.

"No existe rebajar una pena a una persona involucrada en un caso de esta gravedad, vinculado a un tema de consumo de fentanilo, y que generó que toda la Comisión de Salud renunciara", afirmó Schiavi a El País este miércoles.

"Es increíble todo el proceso que tuvo que pasar para que se admita un caso de mala praxis de la anestesista condenada por homicidio culposo", opinó, por su parte, el diputado nacionalista Federico Casaretto en su cuenta de X. El legislador dijo que esperaba "el mismo pronunciamiento ante la denuncia a la ministra Lustemberg, cuya ética ha quedado por el suelo después (de) que le redujo la sanción a la anestesista homicida".