La recaudación de la Intendencia de Montevideo (IMM) y la calidad de los servicios que brinda son objeto de polémica política desde siempre, pero especialmente en tiempos electorales, tiempos en que, además, un grupo de dirigentes nacionalistas ha puesto allí la lupa pensando en un proyecto departamental para las elecciones de mayo de 2025.

Entre ellos está el diputado Martín Lema, quien días atrás hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer el detalle de la recaudación de la comuna -entre 2020 y 2023- por concepto de Tasa General -también conocida como Tributo Domiciliario-, una “tasa que abona el ocupante del inmueble por los servicios que brinda la Intendencia”, según describe la propia IMM en su página web. “La tasa depende de la zona, en relación directa con los servicios que allí se brindan”, se agrega.

En la respuesta, a la que accedió El País, la comuna detalló lo recaudado en los años solicitados, monto que asciende a unos US$ 300 millo- nes. En 2020, la cifra fue de US$ 64.913.758; en 2021, de US$ 68.468.764; en 2022 fue de US$ 79.704.521; y en 2023, lo que la IMM recibió por el tributo fueron US$ 90.813.589.

Y esto, a criterio de Lema -un nombre que manejan los blancos como probable candidato a intendente- es excesivo, de acuerdo a la calidad de los servicios que devuelve la comuna capitalina a los montevideanos.

Teniendo en cuenta que la “Tasa General Municipal es un tributo que los contribuyentes abonan en contraprestación a los servicios que brinda la Intendencia de Montevideo por concepto de recolección de residuos, limpieza, alumbrado público y conservación y vigilancia de bienes municipales”, señaló el diputado en declaraciones a El País, “los contribuyentes pagan millones de dólares por servicios que no reciben en forma”.

Su opinión, como ya ha expresado varias veces y es un latiguillo de los dirigentes montevideanos del Partido Nacional, es que pasaron “35 años de un proceso agotado”, en referencia al tiempo que lleva el Frente Amplio gobernando la capital.

Foto: Archivo El País

Este pedido de acceso es uno más de los varios que ha hecho Lema junto con su equipo de trabajo -que es integrado, entre otros, por la exsindicalista Valeria Ripoll-, desde que, hace unos meses, comenzó a enfocarse en su proyecto capitalino.

Como informó El País a mediados de marzo, para entonces Lema había cursado unos 17 pedidos -luego completó 27-, entre los que preguntaba acerca de “la cantidad de contenedores de residuos en Montevideo y cuánto variaron esas cantidades desde 2015”, o si existen “informes técnicos previo al retiro” de la vía pública de las volquetas y papeleras.

También pidió conocer los “circuitos de limpieza establecidos” por la IMM y todos los detalles relativos al sistema de recolección de basura. Y, en materia de movilidad, cuántas obras se realizaron desde el 2019 a la fecha” y detalles de las calles que se intervinieron.

Pero el proyecto político que comenzó a edificar con miras a mayo de 2025 también implicó recolección de información con fuentes abiertas, y debates públicos con autoridades de la IMM.

Así ocurrió a fines de abril, cuando Lema cuestionó mediante un escrito presentado en el Parlamento que “el 98% de los procedimientos de compras de la IMM fueron a dedo”, ya que en esa categoría incluye las compras directas y aquellas por excepción, y que “tan solo el 2% fueron a través de procedimientos competitivos”, como por ejemplo mediante llamado a licitación.

En respuesta, la IMM aseguró en un comunicado que el monto “de compras directas resulta inferior al 5% del presupuesto” de la comuna y que todos los procedimientos son efectuados de acuerdo a la normativa vigente en materia de Compras Estatales, lo que significa que publican en la web de Compras y Contrataciones Estatales “la convocatoria a los procedimientos de contratación directa, excluidas las realizadas por casos de excepción, cuyo monto sea superior al 20% (veinte por ciento) del límite de su procedimiento de compra directa, y a los solos efectos de dar debida publicidad al acto”.

Foto: Archivo El Pais