Con la pandemia de covid-19 se masificó la economía colaborativa, es decir el uso de tecnologías para prestar algún tipo de bien o servicio. Esta realidad no es ajena a la oferta de alojamiento turístico, y ahora, el Poder Ejecutivo espera regular mediante una norma el uso de las viviendas para este propósito, como informó El País.

El proyecto de ley del gobierno ya ingresó al Parlamento. A la espera de que entre formalmente a una comisión, las bancadas debaten sobre su contenido. Por lo pronto, la Cámara Uruguaya de Turismo ya definió que promoverá su aprobación, teniendo en cuenta que desde hace ocho años busca dicha regulación, aseguró a El País la presidenta de esta institución, Marina Cantera.

La propuesta consiste en la creación de un nuevo registro que incluirá a todas las propiedades de uso turístico, que además deberán inscribirse como tales ante el gobierno departamental correspondiente, dejando así de ser consideradas de uso residencial y pasando a ser “empresas extrahoteleras”. El registro incluirá a todos los establecimientos ofrecidos o promocionados en canales de oferta turística -inclusive Internet y plataformas informáticas- más de cinco veces en un año, por un tiempo que, sumado, exceda los 90 días, con ciertas excepciones.

Tanto el Ministerio de Turismo como los operadores coinciden en que, de esta forma, se dará un paso para frenar la competencia desleal en este rubro y afinar las cifras.

“Hoy hablamos mucho de porcentajes de ocupación, pero siempre están infravalorados. Solamente estamos mirando a un porcentaje muy menor del sector, que es el que está registrado. Después hay mucha oferta que está por fuera”, apuntó Cantera en este sentido.

De acuerdo a las estimaciones de la cámara, en destinos como Punta del Este y Montevideo, aumentó la cantidad de apartamentos pensados específicamente para la renta durante todo el año desde que se declaró la emergencia sanitaria. Y si bien ofrecen servicios similares a los de un hotel, no están sujetos a las mismas regulaciones.

En tiempo de poca movilidad y fronteras cerradas, esta realidad coincidió con una de las peores crisis del sector, que ahora empieza a recuperarse. “Pero si la informalidad cada vez es más alta, es más difícil”, acotó Cantera.

A partir del cambio normativo, las viviendas que integren el registro deberán tener los papeles al día, entregar la vivienda en los términos pactados y serán pasibles de inspección.

Estos controles son destacados por el gobierno, a su vez, como una garantía para los usuarios. El viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, indicó a El País que se podrían evitar los engaños que a veces se producen al pactar de antemano mediante plataformas. “De repente hay gente que alquila un apartamento que no está registrado en ningún lado y, cuando llega, lo estafaron. O le muestran fotos sacadas con un gran angular (que no se corresponden con la realidad)”, ejemplificó el subsecretario.

En línea con este planteo, Cantera apuntó que tener mayores controles sobre la actividad podría tener un impacto positivo sobre la seguridad pública. Actualmente la hotelería tiene la obligación de reportar a diario los datos de quienes están hospedados a las autoridades policiales. Esto no ocurre con los establecimientos no registrados.