Las últimas elecciones en Uruguay se habían definido a favor de la Coalición Republicana, pero por un puñado de votos. En noviembre de 2019 (balotaje Luis Lacalle Pou-Daniel Martínez) y marzo de 2022 (referéndum LUC), la mayoría del electorado dio su confianza al proyecto político liderado por Lacalle Pou, y ubicó al Frente Amplio —no por mucho, pero consistentemente— como la minoría. “Somos conscientes de que con cualquier error perdemos”, dijo Guido Manini Ríos, captado por una cámara de El País, en medio de los festejos multicolores por la ratificación de la LUC en 2022. El margen para el error —o mejor dicho, el descontento— era pequeño y los motivos de la desilusión no tienen por qué haber sido homogéneos para convertirse en determinantes: en algunos seguramente hicieron mella ciertas irregularidades, escándalos, o desinteligencias de la gestión oficialista, más grandes o más chicas; en otros sectores quizá no gustó la reforma de la seguridad social; otros tal vez no sintieron reflejado en sus bolsillos la recuperación económica, o entendieron que hubo expectativas incumplidas. Esos factores —separados o juntos—, sumados a una oferta oficialista no del todo atractiva, desinflaron las perspectivas de un segundo gobierno multicolor.

Foto: Archivo El País.

En los 40 años desde el retorno de la democracia en el país, ningún gobierno con los niveles de aprobación de la actual gestión liderada por Lacalle Pou había perdido una elección. ¿Cómo se explica? Era sabido de antemano que la transferencia de esa aprobación no era un asunto sencillo —en Uruguay no habían prosperado candidaturas de “delfines” del presidente—, pero la elección de ayer parece haber confirmado dos hipótesis. La primera, que parte de esa aprobación de gobierno está asociada fundamentalmente a la figura presidencial (por ejemplo, incluso, con frenteamplistas que le dan un pulgar arriba a Lacalle Pou sin dejar de votar a Yamandú Orsi). La segunda, que Álvaro Delgado fue incapaz de capitalizar esa popularidad en su favor. El candidato oficialista se plegó todo lo que pudo a la gestión actual —llamó directamente a “reelegir al gobierno”—, sin dar con una oferta seductora en sí misma para un gobierno que lo tuviera a él como líder. Sobre el final de la campaña, admitió no ser un candidato que “entusiasme”, pero pidió imaginarlo como un “buen presidente”, incluso apelando a imágenes de eventuales nuevas “crisis” que impactaran al país. Los uruguayos evidentemente prefirieron imaginar otras cosas.

La victoria de Orsi no se explica sin considerar la recuperación del Frente Amplio como partido y como marca. En 2019, el partido más fuerte del país estaba debilitado, su modelo lucía agotado, y una serie de escándalos y torpezas terminó de desconectarlo de la mayoría ciudadana. Desde el llano opositor —más allá de las críticas del oficialismo a lo que vieron desde el inicio como “palos en la rueda”—, un trabajo de hormiga llevó a la revitalización de la izquierda y su musculatura. En eso tuvo bastante que ver la llegada de Fernando Pereira, que pasó de la presidencia del Pit-Cnt a la del Frente Amplio, sustituyendo a una desgastada conducción de Javier Miranda. El Frente reconectó con buena parte de su base social, fue lo suficientemente disciplinado para ordenar lo máximo posible sus contradicciones internas —no significa que dejaran de aflorar— y procuró explotar cada traspié o claroscuro de la gestión oficialista. Incluso con cierta falta de puntería en algunos mensajes —“el gobierno fracasó”, “que gobierne la honestidad”— y con una difusa plataforma programática que evitó cualquier detalle concreto, el Frente logró imponer la idea de que sería capaz de hacer las cosas mejor, aunque fuera por el solo hecho de ser el Frente Amplio.

Yamandú Orsi, el campechano intendente de Canelones, había terminado el ciclo electoral de 2019 en una buena posición para convertirse en el candidato presidencial del Frente Amplio cinco años después, apoyado en su perfil dialoguista y simpaticón, el bajo nivel de rechazo a su figura, los altos niveles de aprobación a su gestión departamental, y su capacidad de sintonizar con sectores del interior y no solo el área metropolitana. A lo largo de su conservadora campaña electoral —en la que evitó exponerse o arriesgar—, lo trataron de “tibio” en su interna y de “cantinflesco” en el oficialismo, pero al final del día, parece haber conectado mejor que los demás con el alma y las demandas del electorado, y logró que esa imagen del “Frente Amplio radicalizado” o “dominado por el MPP” —con la que insistió la coalición— no calara ni fuera un obstáculo para lograr la confianza de la mayoría.

La comparación con 2019 consolida la idea de que el bloque multicolor necesita amplitud para lograr la victoria. Lacalle Pou obtuvo una mayoría parlamentaria clara en parte gracias a una gran votación de Cabildo Abierto, un fenómeno novedoso que robó votos al Frente Amplio en lugares en los que los partidos tradicionales no habían logrado llegar con éxito. Esa expresión electoral se desinfló y eso tuvo su costo para el oficialismo. La coalición como proyecto venció los augurios de quienes decían que se iba a desintegrar durante el gobierno, pero lució demasiado dependiente de Lacalle Pou, en el gobierno y en lo electoral.