El Consejo del Municipio B envió una nota a la Intendencia de Montevideo (IMM) solicitando que realice un relevamiento y luego intime en un plazo de cinco días a dueños de edificios y casas ubicadas en barrios céntricos a que retiren los elementos punzantes que tengan en sus frentes para evitar que pernocten personas en situación de calle. En caso de que no se retiren, lo podrá hacer la IMM de oficio.
El Municipio B está integrado por los barrios Centro, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Cordón, Palermo, Parque Rodó y Tres Cruces.
El fenómeno conocido internacionalmente como “arquitectura hostil” alcanza al diseño del mobiliario urbano: asientos cilíndricos o muy angostos que no permiten acostarse; bancos de plaza individuales o con pasamanos en el medio.
En una sesión del Consejo realizada el jueves 5 en la sede del Municipio B, la alcaldesa frenteamplista Silvana Pissano informó que, en octubre de este año, durante un paseo a pie que estaba realizando una familia, un vecino se tropezó en un escalón de un edificio ubicado en la esquina de Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno, lo que provocó su caída sobre una hilera de piezas cortantes que se habían colocado en la fachada de la propiedad.
Luego de una larga internación en terapia intensiva, la persona falleció debido a las lesiones que sufrió en esa caída.
Al enterarse de lo sucedido, funcionarios del Municipio B acudieron al lugar y tomaron fotografías. Luego, el Municipio B solicitó al Servicio de Convivencia Departamental de la IMM que intimara al edificio al retiro inmediato de de dichos elementos. Los objetos punzo cortantes fueron sacados.
Consultada por El País, la alcaldesa Pissano dijo que muchos edificios y viviendas ubicados en el Municipio B no tienen retiro frontal. Por ello, agregó, sus propietarios colocaron esos sistemas para evitar que personas duerman frente a sus propiedades.
Por ello, el Consejo del Municipio B solicitó a la Intendencia de Montevideo que, por intermedio de los departamentos de Planificación o de Desarrollo Urbano elaboren una propuesta normativa y que ésta luego pase a estudio de la Junta Departamental.
Según la resolución del Consejo, hay casos muy complejos de uso de esa "arquitectura agresiva" donde los inspectores del Municipio B y la tramitación administrativa enfrentan un "vacío normativo", es decir, la falta de normas que expresamente prohíban la instalación de elementos de este tipo de arquitectura hostil.
"Se debe aprobar una norma sobre la utilización de esos elementos. Hay que pensar la ciudad para personas de ocho a 80 años y dar garantías a todos", insistió Pissano.
La alcadesa señaló que lo ocurrido con el vecino de 30 años es un accidente que muestra dramáticamente la necesidad de legislar sobre el asunto que tiene todo el departamento de Montevideo. "Necesitamos un respaldo normativo para casas, comercios y edificios, porque entre la propiedad privada y la vía pública no pueden haber elementos que generen peligrosidad para los peatones", advirtió la alcaldesa.
Según Pissano, en la zona del Municipio B se han colocado "pinchos complejos" de la altura de un niño para evitar que personas duerman o se instalen en el lugar. "Son situaciones llamativas", agregó.
Casos.
En 2019 el Papa Francisco denunció el “ensañamiento” y la “arquitectura hostil” contra las personas que se encuentran en situación de calle, en un mensaje divulgado en ocasión de la III Jornada Mundial de los Pobres que se celebró en noviembre de ese año.
“Se ha llegado hasta el punto de teorizar y realizar una arquitectura hostil para deshacerse de su presencia, incluso en las calles, últimos lugares de acogida”, dijo el pontífice.
En Montevideo y en el interior se ven a menudo ejemplos de arquitectura hostil o agresiva. En la calle Colonia y Arenal Grande, por ejemplo, hay una casa que colocó tablones de madera en sus ventanales para evitar que personas se sienten a descansar.
Un mayor grado de agresividad tienen los balones pintados de negro o los grandes macetones sin plantas que se ubican en las esquinas de varias casas cercanas a las calles Palmar y Avenida Rivera. La medida, según supo El País, fue la única que lograron los dueños de las fincas para echar a indigentes que traficaban drogas al minoreo en la zona.
"La Policía llega, los echa, están dos días afuera y vuelven. Saben que no los puede sacar si no cometen delitos", dijo una propietaria de una vivienda afectada a El País.
Fuera del Municipio B, en el barrio Pocitos, también se utiliza esa estratagema. En una esquina de la calle José Martí, un indigente pernoctaba en la vereda, debajo de un techo de una casa. Según dijo la dueña de propiedad, esa persona era el responsable de todo lo malo que ocurría en el barrio: hurtos de celulares y roturas de vidrios de autos en la noche también para robarlos. "Es un exrecluso", agregó.
Todo terminó cuando la dueña de la finca, cansada de que esta persona durmiera allí, tomó medidas. Ahora tres macetones con plantas adornan el lugar.
Macetones, rejas o pinchos, no son baratos. Los 10 metros de "pinchos de seguridad" hechos en acero galvanizado se cotizan a unos $ 1.600 en un sitio web de ventas. El metro cuadrado de reja cuesta alrededor $ 4.000 con materiales incluidos y los macetones salen $ 4.600 cada uno.