Por Fabián Cambiaso

El presidente Luis Lacalle Pou repetirá el próximo 2 de marzosu costumbrede relatar ante la Asamblea General un balance de lo actuado en 2022 y lo que proyecta para este año, el penúltimo de su administración. El discurso es esperado por sus socios en la coalición de gobierno que, además de adelantarle respaldo genérico y casi mecánico, mantienen diversos grados de expectativa sobre los anuncios que realizará el mandatario y, sobre todo, por las promesas que allí cumplirá.

De todos los socios, Cabildo Abierto es la fuerza política que más esperanza -y reclamos- pone en el informe del presidente para 2023. " Esperamos que atienda algunos temas que hemos puesto sobre la mesa", le dijo a El País el senador Guillermo Domenech. Al tope de la lista está una vieja aspiración de los cabildantes, que estuvo a punto de aprobarse el año pasado y que resultó frenada por orden directa del Poder Ejecutivo: el proyecto para la reestructura de las deudas de las personas físicas.

Una respuesta negativa generará una reacción ya anunciada por Cabildo: irá por una recolección de firmas para que una consulta popular laude el tema. Domenech adelantó además que su partido revisa por estas horas un proyecto alternativo que presentó el Frente Amplio a fines del año pasado, dejando abierta la puerta para una eventual alianza con la oposición para sacar adelante la iniciativa.

Cabildo también espera que este sea por fin el año en el que gobierno se decida a rediscutir el esquema de exoneraciones tributarias que, a su juicio, genera diferencias a favor de las multinacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que son las grandes creadoras de empleo. Los liderados por Guido Manini Ríos aguardan además que el Poder Ejecutivo modifique su política monetaria y que el Banco Central deje de aumentar las tasas de interés, que a su juicio genera una baja artificial del dólar que perjudica a productores y exportadores.

"Nos da la impresión que, abocados ya al cuarto año de gobierno, estos temas deberán estar presentes con definiciones claras para que la población sepa a qué atenerse" sostuvo Domenech, que reinvindicó la "honestidad y lealtad" con la que su partido ha actuado frente al resto de la coalición. "No somos el partido que ejerce el Poder Ejecutivo, pero le hemos dado las mayorías necesarias para concretar su plan de acción", remarcó.

Consultado, Domenech dijo querer evitar "fricciones innecesarias" pero dijo sentir que, a lo largo de todos estos años, desde el gobierno no se han observado los puntos de vista de su partido "en la medida en que nosotros sí apoyamos sus iniciativas".

Y, si bien entre los cabildantes existe el convencimiento de que para sus intereses hoy no existe una mejor alternativa que integrar la coalición, serán los "intereses nacionales" los que determinarán su duración y continuidad. En política no hay palabras definitivas", expresó. "Todo depende de las circunstancias".

Si hay algo que Cabildo tiene en común con otros socios es qué grado de cumplimiento tendrá la promesa de rebajar el IASS y el IRPF. Lacalle Pou y adelantó que lo anunciaría el 2 de marzo, aunque queda por ver de qué magnitud será la rebaja y cómo se instrumentará. Elementos que cuentan a la hora de considerar si la promesa efectivamente se cumplirá.

Una cuenta que está dispuesto a llevar el diputado colorado Gustavo Zubía que, en diálogo con El País, fijó el objetivo: "Por lo menos", dice, la rebaja debería estar en el orden del 20% con respecto al monto actual en las tres franjas. Una cifra menor, indicó, "no sería una respuesta seria y comprometería la credibilidad de la coalición. Además, remarcó, significaría que su voto no estará a la hora de aprobar el proyecto de reforma de la seguridad social que promueve el gobierno.

Zubía ratificó que mantiene muchas diferencias con Lacalle Pou. Le sigue reclamando la provisión de un fiscal general permanente y cambios en la política de seguridad. Pero dice que, cuando recuerda que el candidato del Frente Amplio era Daniel Martínez, "me vuelve un amor intenso" por el actual presidente.

Otro que espera una rebaja tributaria es su colega Conrado Rodríguez que, de todas formas, no pone el foco en una cifra concreta y sí en que el gobierno cumpla con el compromiso asumido. Consultado, el diputado dijo esperar para este año una aplicación "mas acelerada" del plan gubernamental destinado a la erradicación de los asentamientos irregulares.

A juicio de Iván Posada (Partido Independiente) la rebaja tributaria no debería ser prioritaria. En diálogo con El País, el legislador señaló que la renuncia fiscal que se destinará a ese fine debería ir para cumplir el gran objetivo que, dijo, debería tener el país: la eliminación de la pobreza infantil. "De alguna manera, nos interpela a todo el sistema político", expresó.

Otra de las prioridades que su juicio debería plantear Lacalle ante el Parlamento pasa por continuar con la senda de la generación de empleo que, admitió, va de la mano con la llegada de mayores niveles de inversión. Con la construcción de la nueva planta de UPM en su fase final, Posada dijo que queda por ver qué nuevas inversiones podrán generar similares niveles de ocupación.