Para muchos -una mayoría- esta primera etapa de la campaña electoral que acompañará a los uruguayos hasta fines de noviembre ha sido solamente un ruido, una disonancia molesta que se manifestó sobre todo en los semáforos en la forma de grupos de militantes repartiendo listas con banderas y colores llamativos, muchas veces anónimos y otras tantas con rostros conocidos que salen en la televisión todos los días.

Para otros -los menos- fueron seis meses intensos en la agenda informativa, esa que se configura de manera misteriosa y determina de qué se habla todas las semanas -por disposición del sistema político, del criterio de los medios o como fruto de la conjunción de esas dos cosas. Seis meses de conversación pública sobre temas que, desde los diarios, portales y noticieros televisivos o radiales, se instalaron con un notorio interés detrás.

Como sea, ruido o conversación amplificada, desde los primeros días calurosos de enero hasta este fin de semana gélido de fines de junio los uruguayos asistieron a discusiones públicas que tuvieron como protagonistas a los dirigentes de primera línea del Frente Amplio de un lado, y a los principales referentes de algunos de los partidos integrantes de la coalición de gobierno -en ocasiones el propio presidente Luis Lacalle Pou- del otro.

Los actores de este teatro, no obstante, han ido cambiando a medida que avanzó el calendario, y terminaron enfrentándose los precandidatos de cada partido, especialmente aquellos que tienen posibilidades reales de ser presidentes el año que viene, como si no fuera una disputa interna sino un adelanto de la batalla que se abrirá a partir del primero de julio.

Cada temática ha mostrado ángulos y aspectos que afectaron de distinta manera los intereses electorales del oficialismo y la oposición, con lo cual, como ya se detallará, los roles de ofendidos y ofensores se han ido intercambiando.

Lo que es claro es que, en parte por la lógica que implica el hecho de estar en el gobierno, en la mayoría de los casos fue el oficialismo el que tuvo que defenderse. Y esto generó un escenario negativo en la discursividad política del gobierno, como comentaron fuentes nacionalistas consultadas por El País, porque produjo un desenfoque del objetivo electoral de los precandidatos del Partido Nacional. “Hubo episodios que desenfocaron la atención en nuestra agenda, que era de propuestas”, lamentó uno de los dirigentes blancos consultados.

Es que hubo, y no pocos, “escándalos que hicieron que hubiera que reaccionar”, distrayendo energías y haciendo perder el tiempo del bando oficialista. ¿Pero cuáles fueron esos escándalos? ¿Qué asuntos, problemas o irregularidades denunciados marcaron, de un modo u otro, esta campaña electoral?

Se podría establecer, a priori, dos tópicos principales sobre los que se debatió este año, que fueron las dos grandes preocupaciones de la ciudadanía que históricamente han reflejado las encuestas: la economía y la seguridad pública.

Pero luego aparecen, también, como inevitables de mencionar, una serie de investigaciones en la Fiscalía que todo el sistema político sigue con extrema atención por varias razones. Por el resultado judicial en sí mismo, que confirmaría o desecharía la hipótesis de los denunciantes, y por revelaciones de estas mismas indagatorias, que impactaron con fuerza en la opinión pública, generando un debate aparte.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Los dirigentes saben desde hace tiempo que la “judicialización de la política” es un fenómeno ya instalado en el mundo occidental. Y que a este Uruguay no escapa.

El primer dolor de cabeza como consecuencia de lo que muchos convienen en definir como “escándalo” para el actual gobierno lo fue el caso Marset: la entrega de un pasaporte uruguayo a ese famoso narcotraficante en noviembre de 2021, mientras el delincuente se encontraba preso en Dubái. Pero el caso tuvo varios coletazos años después, que llegaron hasta noviembre del año pasado, cuando la exvicecanciller Carolina Ache -hoy precandidata por el Partido Colorado- denunció irregularidades y presuntos delitos cometidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Presidencia de la República con la finalidad de ocultar información clave vinculada a la causa. Entre otras evidencias, aportó audios y chats intercambiados con jerarcas del gobierno que fueron comprometedores a un punto tal que llevaron a más de uno a la renuncia.

Una derivación de este episodio llevó a un duro intercambio presencial entre Lacalle Pou y Yamandú Orsi. El primero le recriminó al frenteamplista por haber dicho que el relato mostrado por el narcotraficante -en una entrevista televisiva días antes- tenía una coincidencia de “casi 100 % con el relato del gobierno nacional”. “Si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales”, le dijo Lacalle Pou en frente de cámaras y micrófonos. Orsi diría después que esas palabras estuvieron “fuera de tono”, y seguiría haciendo mención a lo que ocurrió en varias notas sucesivas.

La trama de corrupción liderada por el excustodio presidencial Alejandro Astesiano tuvo ya su desenlace judicial con una condena que envió a ese hombre a prisión por más de cuatro años en febrero de este año. Pero, aquí también, los coletazos continuaron a lo largo del tiempo, y nuevas revelaciones, conocidas a principios de junio -ya en la recta final rumbo a las elecciones internas- impactaron de lleno al gobierno: se conoció, en un libro del periodista Lucas Silva, un concreto intercambio entre Astesiano y Lacalle Pou, en el que el excustodio lo había puesto al tanto en febrero de 2022 de una indagatoria policial para conocer si el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había asistido a una boca de droga.

El Frente Amplio salió en bloque a reclamar conocer “quién dio la orden” de “perseguir” a Abdala, y el presidente respondió en una rueda de prensa que si había dudas al respecto la oposición acudiera a la Justicia -“gustoso mañana estoy en cualquier juzgado”, fueron sus palabras-, cosa que hasta ahora no ocurrió.

La fuga del mafioso italiano Rocco Morabito el 23 de junio de 2019 -se cumplieron cinco años el domingo pasado-, sin que hasta ahora la Fiscalía arrojara conclusiones concretas, también estuvo en la agenda con reclamos al respecto por dirigentes oficialistas. Y lo mismo con la causa que investiga eventuales irregularidades en la construcción del Antel Arena, que fue archivada en febrero de este año y que en marzo el gobierno pidió que se reexamine, por disposición expresa de Lacalle Pou. La frenteamplista Carolina Cosse, especialmente involucrada por haber sido la principal impulsora de esta obra, señaló en mayo, cuando se confirmó la reapertura de la investigación, que estaba “sorprendida por la participación del gobierno” en la campaña electoral.

En la campaña también estuvo como tema de conversación todo lo que desencadenó la renuncia del presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, tras conocerse -otra revelación mediante- una conversación por WhatsApp con el imputado Gustavo Penadés, en la que insinuaba haber intentado influir en la designación del fiscal de ese caso.

Y aunque quedó para atrás, capítulo aparte se merece la denuncia falsa que enfrentó Orsi por una inexistente agresión a una trabajadora sexual en 2014, maniobra que pergeñó Romina Celeste, hoy en prisión.

La inseguridad ya había sido uno de los principales temas de la campaña de 2019. Volvió a serlo en esta, y todo parece indicar que seguirá en el tapete hasta que los uruguayos elijan en noviembre un nuevo presidente.

Yamandú Orsi ha llegado a decir que Uruguay “se cae a pedazos” con este problema. Y Carolina Cosse ha remarcado que la violencia “está sacudiendo al Uruguay” y llegando a “niveles nunca antes vistos”.

Sobre este tema también opinó el precandidato por Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, quien días atrás manifestó que el nivel actual de la inseguridad es “inaceptable”.

Ya había dicho, en abril, tomando un latiguillo empleado por él mismo en la última campaña, que “no se acabó el recreo del malandraje”.

Desde el oficialismo la respuesta se ha centrado en señalar las estadísticas oficiales, que marcan un descenso de todos los delitos, y en todo caso una estabilidad en el caso de los homicidios, aunque al momento con niveles más bajos que en los peores años del período pasado.

Y han ido a la carga también, cuando a mediados de mayo Orsi presentó como parte de su equipo de seguridad al ex director nacional de la Policía, Mario Layera, y al exdirector de Seguridad y Convivencia, Gustavo Leal. El precandidato colorado Andrés Ojeda, por ejemplo, respondió que eso es rodearse de “los herederos de Bonomi”. Por su parte, Luis Calabria, asesor de Álvaro Delgado, dijo que “sería Disneylandia para los chorros” que “volvieran al gobierno” referentes como esos.