FINANCIACIÓN

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Con la Rendición de Cuentas en la orilla de su aprobación -la votación del articulado comenzará hoy- la coalición de gobierno enfrentará ahora sí el desafío de resolver cómo llevar a la práctica una de las promesas de campaña del presidente Luis Lacalle Pou, y cuya financiación fue el tema más discutido en las últimas semanas: la erradicación de los asentamientos. O al menos podría ser el comienzo de un proceso arduo, complejo y largo, y que se supone será una política de Estado, porque lo que podrá resolverse en lo que queda del período de gobierno será una pequeña porción de los más de 600 asentamientos que hay hoy en todo Uruguay.

Con el fideicomiso urbano que se creará en esta rendición se obtendrán los fondos que actuarán como garantía de un crédito que el Poder Ejecutivo solicitará a una entidad financiera aún no definida -pero que entre las posibilidades que se manejan están el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina.

El fideicomiso recibirá ingresos por US$ 15 millones anuales -que provendrán de dos impuestos que hoy abastecen al Instituto Nacional de Colonización- que actuarán de respaldo de un monto que el gobierno proyecta no inferior a US$ 120 millones para este período. Es una cifra que, sumada a lo que el Ministerio de Vivienda ya tiene presupuestado en el Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) -también de unos US$ 120 millones-, duplicaría la inversión promedio en viviendas que ha llevado adelante el Frente Amplio en cada uno de los tres últimos quinquenios, según señalaron a El País fuentes de la cartera.

Que no será una tarea sencilla es algo más que sabido. Son cerca de 620 asentamientos -de acuerdo al último relevamiento de Vivienda- que es lo mismo que decir 620 situaciones distintas, porque “no hay dos casos iguales”, agregaron las fuentes.

Esto quiere decir, por ejemplo, que algunos asentamientos podrán mantenerse en el mismo sitio en que están hoy si no se encuentran en terrenos inundables o contaminados; pero también habrá situaciones en que habrá que trasladarlos y construir barrios de cero en otros lugares.

Pero hay ambiciones. Lo deseable para la cartera que conduce la ministra Irene Moreira es superar los 25 asentamientos regularizados en el último gobierno de la coalición de izquierda. Pero aspiran un poco más que a sobrepasar esta cifra: como se dobla el presupuesto también quieren llegar a duplicar este número. Aunque todo puede variar en función del tamaño de cada asentamiento.

En promedio, señalaron las fuentes, la regularización de cada asentamiento cuesta entre US$ 3 millones y US$ 4 millones.

En la cartera de Vivienda tienen definido como prioridad empezar por los asentamientos que se encuentren en terrenos públicos y los que estén en predios privados y cumplan con la ley de ordenamiento territorial; es decir, que se encuentren en predios con condiciones adecuadas para ser urbanizados.

También tienen claro que para la tarea lo ideal será “trabajar en conjunto” con los 19 gobiernos departamentales, y que la apuesta es a enfocar los recursos en el desarrollo de las viviendas, y no tanto en los trabajos de infraestructura barrial, como ha sido la regla hasta ahora. Por tanto, se planifica invertir esa relación que en el Plan de Mejoramiento de Barrios hoy es de 70% y 30%, respectivamente, tal como informó El Observador días atrás.

Pero las grandes líneas estratégicas serán marcadas por el presidente, aseguraron desde Vivienda. Lacalle Pou definirá, así, si se prefiere empezar por los 10 departamentos que tienen el 95% de los asentamientos -Montevideo, Canelones, Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Maldonado, entre otros-; el Área Metropolitana, que concentra 463 asentamientos -el 74,7% del total-, o en cambio definir otros parámetros desde los cuales iniciar el trabajo.

En cualquier caso, se estará lejos de la solución final al corto plazo, la que costaría US$ 2.000 millones. En esto coinciden tanto en el oficialismo como en la oposición.