Han pasado 17 meses desde que Casa de Galicia cerró sus puertas. Las implicancias económicas y financieras que llevaron a que el Poder Ejecutivo interviniera al prestador de salud siguen generando polémica con juicios cruzados y el eco político con una interpelación que se realizó semanas atrás. Pero al mismo tiempo, las secuelas también se ven en los extrabajadores ya que cuatro de cada 10 -494 exfuncionarios- permanecen sin trabajo al día de hoy.

La situación, según relatan los extrabajadores de Casa de Galicia, generó un cambio radical en sus vidas. Muchos tuvieron que endeudarse o incluso dejaron de pagar cuentas. Algunos fueron desalojados del lugar que alquilaban. Entre ellos hicieron colectas para ayudar a los más perjudicados.

Pero hubo consecuencias aún más graves, de acuerdo a lo que relataron. “Ya se han suicidado ocho compañeros y muchos estamos en tratamiento de salud mental”, dijo ante el Parlamento Verónica Puche, una de las integrantes de la delegación de extrabajadores que asistió para advertir sobre la situación.

“La estamos pasando mal” aseguró el pasado viernes ante los senadores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.

“Necesitamos volver a trabajar, y nuestro dinero”, enfatizó la delegada, quien además entregó un documento en el que detallan lo ocurrido. Allí se relatan varios casos de problemas oncológicos o muertes por infarto que, aseguran, fueron derivados de toda esta problemática. Ante los legisladores, indicaron que nunca se respetaron las pautas establecidas en la ley que derivó el cierre de Casa de Galicia para el reparto de funcionarios.

Según sus datos, más de 70 extrabajadores ni siquiera fueron llamados pese a que cumplían las condiciones para ser convocados en primer lugar, según la normativa. Por ejemplo, que se tratara de la única fuente laboral con la que contara el funcionario, que tuviera menores a cargo o que pagara alquiler. “Nada de esto se tuvo en cuenta”, afirmó.

En abril de este año venció el seguro de paro especial pautado en la ley de cierre de la mutualista. Luego de esa fecha, estaba previsto un seguro de paro común que también debía durar un año pero que, según dijeron, solo se cumplió en algunos casos.

Los cálculos hechos por los delegados indican que en diciembre del año pasado se les pagó el 11% de sus créditos laborales tras la liquidación judicial de la mutualista. En julio de este año recibieron otro 2,4%, producto de remates chicos y recuperación de dinero de prestamistas.

Otra de las dirigentes que asistió, Jeniffer Ferrer, recordó que la Rendición de Cuentas prevé un fondo de US$ 8 millones como garantía ante probables juicios. Allí citó al director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, que en la reciente interpelación en Cámara de Representantes habló de un posible proyecto para que, con ese dinero, se paguen los créditos posconcursales. Si así fuera, se apuntó, solo pagaría el 20% de una deuda global de US$ 42 millones que se mantiene con los trabajadores. La delegación planteó a los senadores su preocupación por la falta de respuesta sobre el pago de lo adeudado.

El colectivo dice tener información de que este mes “habría algo para cobrar”. Sería, con todo, solo para los que aceptaron liquidaciones por hasta la mitad del dinero que le correspondía y que así accedieron a no reclamar posteriormente por vía judicial.

De manera extraoficial, dicen, se les adelantó que habría unos $ 30 millones recuperados de prestamistas y otros $ 80 millones provenientes de facturas de ASSE que, de todos modos, habría que validar. Además, ninguno de los 494 exfuncionarios que sigue sin trabajar cobró despido.