RELACIONES EXTERIORES

En un discurso en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, presentó a principios de setiembre su segundo informe sobre la situación en Venezuela bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro.

“Mi oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional” (FAES), dijo la expresidenta de Chile. “Tan solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, añadió.

En tanto, días después, se conoció otro informe acerca de la situación en el país caribeño, elaborado por una misión especial de la ONU. “La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, la abogada portuguesa Marta Valiñas, en un comunicado.

Este miércoles, en Ginebra (Suiza), en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Uruguay apoyó un proyecto presentado por Perú “en nombre de algunos países miembros del Grupo de Lima” mediante el cual “se prorroga el mandato de la misión de determinación de los hechos que investigó la violación de derechos humanos en Venezuela”, de acuerdo a lo que indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El presidente Luis Lacalle Pou compartió en su cuenta de Twitter el mensaje de la Cancillería y escribió: “Con respecto al régimen de Maduro hemos tenido una posición clara de condena y ella seguirá siendo la misma en todos los ámbitos”.

La representante de Perú en Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Silvia Alfaro, explicó: "Las conclusiones de la misión son el inicio de una compleja labor de rendición de cuentas con la que nuestros países se sienten comprometidos. Por lo que propondrán a este consejo la prórroga del mandato de la misión". 

Además, agradeció a "los expertos de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sus dos informes". Luego, valoró "el profesionalismo de su trabajo basado en una metodología estricta y acuciosa".

"Más de 2.891 casos examinados otorgan a la misión la sólida base para sus afirmaciones. Encontramos en sus informes un recuento de los contextos y patrones bajo los que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, y torturas desde el 2014", agregó.