POLÉMICA POR LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Nin Novoa confirmó la posición del gobierno; el exmandatario alega persecución política.

Uruguay está dispuesto a otorgarle el asilo político al expresidente de Perú, Alan García que es investigado por haber favorecido presuntamente a la empresa Odebrecht en la licitación al Metro 1 de Lima, en la capital peruana.

El embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros se comunicó telefónicamente con el presidente Tabaré Vázquez a quien informó sobre la petición del exmandatario, publicó el sitio web de Presidencia de la República. García ingresó en la noche de este sábado a la residencia de Barros en San Isidro en Lima a horas de que el juez, Juan Carlos Sánchez Balbuena del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, ordenara su impedimento de salida del país por 18 meses en el marco de la investigación del caso de la constructora brasileña Odebrecht por el pago de coimas y sobornos a funcionarios de gobiernos.

El País consultó ayer por WhatsApp al ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa quien confirmó la disposición de Uruguay en otorgarle el asilo político al dos veces presidente de Perú (de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011).

-¿Uruguay va a aceptar la solicitud de asilo de Alan García?

-Sí.

Sin embargo, minutos más tarde, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que señaló que el gobierno “evaluará la situación” para “adoptar la decisión que soberanamente considere adecuada a las circunstancias”. En el texto, la cartera expresa que “se ha puesto el hecho en inmediato conocimiento de la Cancillería del Perú, la que siguiendo el procedimiento establecido por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindará la información necesaria para que nuestro país pueda evaluar la situación”.

Por otro lado, Nin Novoa que también conversó con el diario peruano El Comercio-GDA, señaló que “no hay plazo para darle una respuesta” a García. “Nosotros estamos evaluando porque aquí hay una Convención de Caracas de 1954 en la que se establece el asilo diplomático. No hay plazo para darle una respuesta”, dijo. Añadió que “de acuerdo a la Convención de Caracas de la cuales son partes Perú y Uruguay, entre otros; nosotros comunicamos a la Cancillería Peruana la situación y de acuerdo al artículo noveno de esa Convención, el gobierno peruano va a hacernos llegar información al respecto a nuestro gobierno”, explicó.

Tras enterarse de la decisión judicial del juez Sánchez, García tuiteó el sábado: “Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo” (Alianza Popular Revolucionaria Americana). Y agregó: “Pero comprar con beneficios la declaración de un delincuente a cambio de infamarme, es un crimen que Dios castigará. Hoy le creerán muchos pero después se arrepentirán”.

La solicitud de asilo de García ocurre porque el ex mandatario considera que es objeto de una persecución política. Según informó el diario peruano El Comercio (miembro del Grupo de Diarios América) el pedido responde a una recomendación de la dirigencia del Partido Aprista Peruano, informó Erasmo Reyna, abogado del expresidente.

Por su parte, el legislador aprista Elías Rodríguez, señaló al mismo diario que se preparaba una “evidente emboscada política” de parte del gobierno, autoridades judiciales y grupos de poder. A su juicio, existiría un “libreto” consistente en: “1. Ampliación de investigación 2. Impedimento de salida y 3. Detención preventiva”, señaló.

Mientras tanto, para el presidente peruano Martín Vizcarra, “no existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”. En la red social Twitter aclaró además: “Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”.

El juez Sánchez Balbuena, consideró que los documentos entregados por Odebrecht en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasileña, infieren que el dinero que García recibió de la empresa provenía de fuente ilícita, por lo que señaló que “amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida (que le impide salir del país) a fin de que los hechos sean aclarados”.

García llegó el jueves a Perú procedente de España, país en el que reside, para declarar ante la Fiscalía por este caso. Sin embargo, al presentarse ante las autoridades, le informaron al exmandatario que la investigación en su contra se ampliaría por los delitos de colusión y lavado de activos. El fiscal del caso, José Pérez, acusó además a García de haber recibido 100.000 dólares por una conferencia en Brasil y que el dinero habría salido de un fondo de Odebrecht destinado a pagar sobornos en varios países de América Latina.

El objetivo era evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito.

Alan García Pérez nació en Lima (Perú) en 1949 y fue presidente en dos ocasiones, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Estudió en la Gran Unidad Escolar José María Eguren de Barranco. Según su biografía publicada en “Biografías y Vidas”, en 1965, ingresó en la Pontificia Universidad Católica, donde estudió letras y derecho. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Más tarde, a principios de la década de 1970, viajó a París y Madrid, para realizar estudios de posgrado en sociología y derecho, respectivamente. Volvió a Perú en 1977, y emprendió la actividad docente en la Universidad Federico Villareal.

En 1962, conoció al político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Fue secretario nacional de organización (durante la campaña presidencial de Armando Villanueva, en 1980) y secretario general en 1982. En 1978 fue secretario del Congreso Constituyente, que presidió Haya de la Torre; en 1980 fue elegido diputado. En 1985, con apenas 36 años se convirtió en presidente de Perú.

García declaró su intención de orientar el gobierno a la atención de las necesidades más urgentes del Perú y de su población, además de hacer frente a la deuda externa y a los preocupantes índices de inflación y desempleo.

Fue así que se propuso reforzar el sistema financiero del Perú. Propuso la ley de nacionalización del sistema financiero y bancario, que fue mal acogida por un amplio sector de la población.

En su periodo inicial de gobierno fue elogiado por la izquierda latinoamericana por su postura contraria al FMI. Pero después anunció el inicio de conversaciones con el FMI y el Banco Mundial, lo que no impidió que al final de su mandato la situación económica y social fuera crítica. Fue sucedido por Alberto Fujimori. En 2006, fue elegido nuevamente presidente, cargo que ejerció hasta 2011. Las denuncias sobre Odebrecht por las que se investigan el pago de coimas y sobornos a funcionarios del gobierno de 12 países lo salpican hoy a él, y a otros exmandatarios como Ollanta Humala, Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.