LITIGIO

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La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou anunció que tras meses de negociaciones la operadora portuaria belga Katoen Natie desistió de entablar una demanda al país por unos US$ 1.500 millones. Tras esa exitosa negociación, ahora un estudio estadounidense de abogados contratado por el gobierno está abocado a responder un arbitraje internacional por US$ 800 millones que Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah), exaccionista de Pluna, le entabló al Estado uruguayo por su presunta responsabilidad en el cierre de la exaerolínea de bandera en el año 2012.

El procedimiento de arbitraje internacional fue planteado por Larah en mayo de 2019 ante el Ciadi -un organismo dependiente del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales entre privados y Estados.

El 30 de diciembre del año pasado el tribunal arbitral de tres miembros -un francés, que lo preside, un colombiano y un mexicano- designado para entender en el asunto, dispuso que Uruguay debe responder a la demanda del holding con sede en Panamá, para lo que dispone de plazo hasta el mes de mayo.

Se trata de la primera ronda de presentación de documentos por parte de los litigantes, explicó a El País un experto en este tipo de procedimientos que prefirió mantener su nombre en reserva. El especialista vaticinó que el proceso demandará, al menos, un par de años más antes de que se emita un fallo.

Uruguay es representado por el estudio Foley Hoag, con sede en Washington, que ya lo defendió en las demandas planteadas por la tabacalera Philip Morris y la minera Aratirí, en las que el país resultó ganador.

Por su parte, los demandantes contrataron al bufete neoyorkino Freshfields Bruckhaus Deringer, a Dechamps International Law, con sede en Londres y Buenos Aires, y al estudio local Ferrere Abogados.

Fuentes que conocen el caso explicaron que la empresa demandante sostiene que en el año 2011 el gobierno uruguayo de entonces violó el convenio de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Uruguay y Panamá al expropiar la aerolínea sin pagar compensación económica alguna a los entonces propietarios de Pluna.

La administración que lideraba el presidente José Mujica decidió el cierre de la aerolínea de bandera para evitar enfrentar juicios por cientos de millones de dólares que se gestaban en Brasil tras el cierre de la línea aérea de ese país, Varig, que había gestionado Pluna entre 1995 y mediados de los 2000.

Tras una serie de operaciones de compra-venta entre varias compañías, las acciones que la canadiense Jazz poseía en Pluna -el 75% del paquete total, el resto estaba en manos del Estado uruguayo- terminaron en una empresa denominada Caballero Verde, con sede en Panamá, que adquirió Larah, a su vez accionista de Jazz, en el año 2019, explicaron a El País fuentes al tanto del negocio.

Caballero Verde es una compañía panameña de inversiones que administra fondos por aproximadamente US$ 2.000 millones.

Entre los testigos a su favor que Larah presentó ante el Ciadi están Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, quienes junto a Matías Campiani eran los propietarios de Leadgate, la empresa que en 2007 se asoció con el Estado uruguayo para gestionar la en ese momento línea aérea estatal del país.

Entre los fundamentos de su demanda contra el Estado uruguayo, Larah sostiene que antes de la liquidación de Pluna el gobierno del país llevó a cabo una campaña de hostigamiento que impidió que la aerolínea obtuviera fondos frescos que le permitiesen superar las dificultades financieras que enfrentaba en ese entonces.