POSICIÓN

Uruguay sigue sin alinearse a la mayoría de los países de la región contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Al anuncio de la semana pasada de que se retirará del trabado interamericano de asistencia recíproca (TIAR), que se activó a nivel de la OEA para una respuesta conjunto a la crisis venezolana, le siguió ayer viernes la negativa del gobierno de Tabaré Vázquez a votar una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas para investigar crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Maduro, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Desde Nueva York, donde participa de la Asamblea General de la ONU, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a El País que esta resolución, promovida por el Grupo de Lima -una docena de países latinoamericanos y Canadá-, impone condiciones a Venezuela que no podrá cumplir.

El martes, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, al chilena Michelle Bachelet, anunció la firma de un acuerdo con Venezuela destinado a aumentar la cooperación en materia humanitaria, y que tenía entre sus objetivos abrir una oficina permanente en ese país. A la espera de que esto ocurra, Venezuela aceptó “la presencia continua” de dos responsables del Alto Comisionado en Caracas.

Nin Novoa recordó que Uruguay apoyo esa resolución para que el Alto Comisionado abra una oficina permanente en Venezuela, luego de diez años en que no hubo cooperación entre Caracas y el sistema de derechos humanos de la ONU.

“Esta resolución que Uruguay votó junto con México es la única posible”, dijo el canciller Nin Novoa.

“La que propuso el Grupo de Lima lo único que persigue es imponer condiciones que Venezuela no puede cumplir, justamente para condenarla después por incumplimiento”, agregó.

Esta es la primera vez que un país latinoamericano será investigado por una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza.

La resolución, patrocinada por países como Argentina, Colombia, Perú y Brasil, fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.

Su misión será investigar “casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (...) y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas”, dice la resolución.

“Efectivamente, permitirá la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, destacó a EFE Carlos Foradori, embajador de Argentina ante la ONU en Ginebra.

El texto de la resolución condena “la extendida represión y persecución política en Venezuela”, recordando que el informe presentado este año por Bachelet documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.

La resolución, que contó con el voto de España y otros países de la Unión Europea miembros del Consejo de Derechos Humanos, urge al régimen de Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos.

Este tipo de comisiones se crean frente a casos de crímenes en zonas de conflictos (Yemen, Siria, Palestina y Birmania, entre otros) y sus miembros suelen ser destacados activistas por las libertades fundamentales, entre ellos juristas, académicos o diplomáticos.

La resolución “insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión” y le “brinden acceso inmediato y sin trabas”.

Si Venezuela no autoriza su presencia, los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania. En ese caso, los investigadores se basan sobre todo en testimonios de refugiados.