La situación política y social de Venezuela es una de las preocupaciones centrales en la visión de política exterior de Luis Lacalle Pou desde antes de asumir el gobierno en 2020, con lo cual la crisis que hoy está atravesando el país caribeño con la nueva autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto —en unos comicios cuestionados por todo el mundo occidental— volvió a ser una prioridad en el discurso del actual gobierno. Con el agregado de que los acontecimiento en Venezuela parecen ser cada vez más graves, con una represión que ya causó una docena de muertos.

El caos que vive Venezuela no parece tener una pronta solución y en el Poder Ejecutivo creen que solo empeorará y que si no hay una verdadera reacción internacional en el corto plazo puede terminar consolidándose un régimen dictatorial como el que hay en Cuba. Y el panorama no es alentador en este sentido, pues el posicionamiento sobre este histórico conflicto que han tenido los países de la región está lejos de representar un alineamiento absoluto, al punto tal de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sesionó en la tarde de este miércoles, no pudo consensuar una declaración condenatoria.

La lectura que se hace en filas del gobierno de Lacalle Pou es que pese a que no hay Estado democrático que no haya reclamado al régimen chavista que muestre las actas con los números de votación de todas las mesas —lo que en gran parte hizo la oposición liderada por María Corina Machado, que con evidencia en mano anunció el triunfo de Edmundo González por el 67%— una cantidad importante de países latinoamericanos no están dispuestos a dar muchos pasos más allá de los cuestionamientos formales: Brasil por la cautelosa postura de Luiz Inácio Lula Da Silva —uno de los líderes de la izquierda regional, que se limitó solo a reclamar las actas— y los países del Caribe por razones geopolíticas.

Y eso se vio reflejado en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que el canciller Omar Paganini mostró un discurso —que pronunció desde Montevideo, sentado al lado del embajador Washington Abdala— cargado de críticas al proceso electoral y contra la violación a los derechos humanos (ver recuadro), pero también a este organismo por no ser capaz de aprobar un pronunciamiento crítico.

"Lamentamos que no se haya podido aprobar una resolución sobre clara sobre este tema en este ámbito —sostuvo Paganini—. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática" y a la defensa de "los derechos humanos". Con lo cual, criticó, "este organismo debería irse hoy muy avergonzado".

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Más temprano, el presidente del consejo, Ronald Sanders (de Antigua y Barbuda), había dicho que la declaración quedó por el camino por falta de acuerdo en "una oración".

Fuentes diplomáticas señalaron a El País que "el lío" fue generado por el segundo punto del texto que se estaba negociando, y que contenía dos exigencias dirigidas al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Por un lado, que se "publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial". Por el otro, que "como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales". Este último ítem, indicaron los consultados, fue el más problemático para arribar al necesario consenso.

El texto también incluía otros tres puntos, vinculados a al reconocimiento de la "participación sustancial" del pueblo venezolano en las elecciones del domingo pasado, a "resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos", y a "expresar solidaridad" con la sociedad de ese país, así como preocupación por "la seguridad de las instalaciones diplomáticas" y quienes "soliciten asilo" en las embajadas.

Lacalle Pou volvió a mostrar su postura clara en este tema en la tarde de este miércoles, luego del tuit que escribió en la madrugada del lunes desconociendo el resultado electoral.

"Si no mostrás los documentos es obvio que algo raro hay", dijo el mandatario sobre la ausencia oficial de las actas. Y luego enumeró las irregularidades conocidas, como la proscripción de candidatos y la represión del gobierno.

"La sospecha la teníamos y esto sería la confirmación de que se produjo un fraude y que estaba de antemano previsto, no importaba quién ganara", afirmó desde Rocha.

Consultado por la decisión de Maduro de expulsar a la embajadora uruguaya SIlvana Montes de Oca —junto con el personal diplomático del resto de los países que no lo reconocieron ganador—, respondió: "Nosotros no rompimos relaciones con Venezuela ni echamos al embajador venezolano de acá. Es una gente muy difícil, gente que solo conoce la violencia".