El Poder Ejecutivo busca de todas las maneras posibles acelerar losprocesos que permitan una mayor concreción en las obras de lo que una y otra vez ha sido descrito como el "buque insignia" de esta administración. Este mes serán lanzadas 35 licitaciones, por una cifra cercana a los US$ 100 millones, para otras tantas obras vinculadas al Plan Avanzar, un programa destinado a la erradicación de los asentamientos irregulares en todo el país.

La idea original del plan era que, al final de este período, se pudiera llegar a más de 15 mil hogares ubicados en 120 localizaciones en todo el territorio nacional. De esa cantidad, 40 asentamientos ya estaban previstos en el plan quinquenal de vivienda. En otros 20 ya se había comenzado a trabajar a través de otros programas y otros 60 serían intervenidos por primera vez. Un plan bastante ambicioso que, a 20 meses de que culmine esta gestión, las autoridades visualizan que será muy díficil de cumplir.

Lo cierto es que, al cierre de la semana pasada, se habían erradicado o realojado diez asentamientos, equivalentes a 1.899 hogares. En otros 99 asentamientos, se continúa trabajando "en forma activa". Así lo señaló un informe elevado la semana pasada al Parlamento por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

El plan fue presentado oficialmente el 13 de mayo del año pasado. Por una parte contaba con US$ 240 millones previstos para Vivienda en el Presupuesto quinquenal, que se están ejecutando como se había programado. A esa cifra habría que sumarle US$ 25 millones adicionales que el ministerio pidió y obtuvo a partir de una línea de crédito disponible para el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

Por otro lado, hubo un refuerzo de rubro por un convenio celebrado con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que le pasó al ministerio otros US$ 11 millones. De todas formas la base del plan es el fideicomiso votado en la ley de Rendición de Cuentas 2021, con capacidad de US$ 200 millones.

Según dijo ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados la directora del Fideicomiso de Integración Social y Urbana (Fisu), Florencia Arbeleche, ese fondo cuenta hoy con unos US$ 60 millones. "El Ministerio de Economía está trabajando con organismos multilaterales para ver qué posibilidades hay de pedir préstamos para completar los US$ 200 millones", afirmó.

"De más está decir que, para ejecutar todo ese dinero, que es mucho, va a ser difícil que se pueda cumplir con plazos tan ambiciosos", admitió al respecto el ministro de Vivienda, Raúl Lozano. "Esto es una política de Estado que, si se ejecuta, muy bien, y si no se ejecuta, seguirá para el próximo gobierno, que nadie sabe quién será", agregó. "En su visión, la cuestión es que esta política de vivienda debe continuar.

Según las cifras oficiales el monto en ejecución, considerado cuando ya existe una licitación adjudicada, está en el orden de los US$ 16 millones. "Pensamos que los dineros que el gobierno ha proporcionado van a andar bien y que van a ser suficientes para el año y medio que queda", estimó el ministro. "Posiblemente, también alcanzará para la ejecución del próximo gobierno", apuntó. "No podemos pedir más dinero, porque ya sabemos que va a ser muy difícil de ejecutar y también va a ser difícil que el gobierno nos dé más".

La definición que optó por aplicar el gobierno es considerar que, a partir de diez viviendas irregulares ubicadas en el mismo lugar, se trata de un asentamiento. "Con esa definición es que nos manejamos", dijo Arbeleche. "Pero hasta en eso hay variantes".