SOLICITUD

Vecinos de varias ciudades del país, incluida Montevideo, pidieron formalmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la semana pasada que el gobierno no permita que los trenes que transporten productos químicos para la finlandesa UPM atraviesen centro poblados. Para que ello suceda debería cambiarse el trazado del Ferrocarril Central que será el que utilizará la compañía.

Organizaciones sociales de Santa Bernardina, Durazno, Florida, 25 de mayo, Canelones, Juanicó, La Paz y Montevideo se presentaron ante el MTOP amparándose en el artículo 30 de la Constitución que establece que “todo habitante tiene derecho de petición ante todas y cualesquiera autoridades de la República, y toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en que se dicte o ejecute un determinado acto administrativo”.

Es en ese marco que los vecinos presentaron un petitorio que argumenta que el tren que utilizará UPM “no sería un tren que priorice a la población, a los pasajeros ni a la producción nacional. Será construido para la empresa UPM que tendrá prioridad para transitar las 24 horas los 365 días del año. Transportaría pasta de celulosa y productos peligrosos: ácido sulfúrico, soda cáustica, fuel oil; por zonas densamente pobladas, a muy corta distancia de las edificaciones, constituyendo un grave riesgo. Aumentarán las vibraciones, el movimiento de cimientos en viviendas y el ruido en nuestra ciudad, sobre todo de noche”.

Ante esta situación las organizaciones sociales solicitaron formalmente que el gobierno “reconsidere con urgencia el trazado de la vía del Ferrocarril Central, se realicen todos los bypass necesarios; se tomen por válidas las soluciones planteadas por técnicos y hasta por los Intendentes de Montevideo y Canelones, que no se permita que un tren de las características mencionadas atraviese la zona urbana de nuestras localidades, que se respete a la ciudadanía y no se avasallen nuestros derechos que debieran tener prioridad sobre los de una empresa a la que se le firmó un contrato en forma inconsulta con la ciudadanía”.