El nombre de Mario Layera, comisario general retirado que supo ser un hombre de máxima confianza del fallecido exministro Eduardo Bonomi, genera un amplio rechazo por parte de los principales dirigentes y senadores de los partidos Nacional y Colorado, socios del gobierno anterior y hoy aliados en la oposición en el bloque de la Coalición Republicana.

Ese rechazo a un nombre inevitablamente asociado a la gestión de seguridad de los últimos dos gobiernos frenteamplistas —y que tanto cuestionaron en las últimas dos campañas electorales— se tradujo, entre los nacionalistas, en un idéntico rechazo a que el exjerarca policial dirija la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, tal como pretende el gobierno de Yamandú Orsi. Y con cierto sentido de apuro, pues la venia al respecto fue de las primeras que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento —de hecho tiene fecha del 1º de marzo, el primer día de la actual administración.

Los reparos de los colorados no distaron en lo conceptual al de sus socios blancos, pero en las últimas horas, en el partido que hoy lidera Andrés Ojeda como secretario general, creció la opinión de que "no hay argumentos" para oponerse a la venia, señaló a El País una fuente de esta colectividad.

La razón formal que en un inicio presentó la oposición de al menos detenerse a analizar el caso —lo que incluyó una comparecencia de Layera ante la Comisión de Asuntos Políticos el pasado 17 de marzo para responder consultas al respecto— es que el exdirector de la Policía figuraba como indagado en la investigación que la Fiscalía lleva adelante para determinar responsabilidades en las visitas que recibía el famoso delincuente mafioso Rocco Morabito (que escapó de Cárcel Central en junio de 2019) de parte del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, entre 2017 y 2018, cuando ambos se encontraban detenidos en Uruguay.

La Fiscalía fue consultada por la comisión que discute esta venia, y envió un escrito donde, sucintamente, se indicó que las investigaciones en torno al "caso Morabito" continuaban abierta, y por tanto quienes habían sido indagados por algún aspecto de ese episodio —Layera, entre otros— seguían estándolo.

Este miércoles, sin embargo, la fiscal del caso, Silvia Porteiro, determinó el archivo de la indagatoria referida a los traslados de González Valencia, con lo cual Layera quedó eximido de eventual responsabilidad.

Y eso, si ya había dudas en algunos colorados, es un argumento más para los senadores que se estaban inclinando para no acompañar la postura de los nacionalistas.

"Ese es un elemento que tenemos que considerar; una cosa es que esté indagado y otra que no lo esté", señaló un integrante del sector Vamos Uruguay, que lidera Pedro Bordaberry y que tiene dos senadores.

"Layera no está imputado y hay que evitar que por el solo hecho de que se abra una investigación cualquier persona quede inhibida", dijo por su parte un integrante de Unir para Crecer, el otro sector colorado que lidera Ojeda y que tiene tres legisladores en el Senado, y que "en principio" también está afín a respaldar la venia más allá de las "desavenencias" con la "política de seguridad" que representa el hombre designado por Orsi para Inteligencia.

El Partido Colorado, de todas formas, todavía no tomó una decisión. Lo hará el próximo lunes de mañana, luego de que la bancada de la cámara alta vuelva a reunirse, en un encuentro que también será clave para terminar de definir sus 14 nombres que integrarán los cargos de contralor en entes autónomos y servicios descentralizados, y que les corresponde por su caudal electoral en las elecciones nacionales de octubre.

La posición del Partido Nacional ha sido clara desde un principio y se mantiene firme, más allá de este contexto y del aviso que además ya trasladó el Frente Amplio sobre la consecuencia política que puede haber en caso de que la venia de Layera no sea votada con las mayorías especiales que exige la Constitución —18 votos en 31— y tenga que esperarse 60 días desde presentada la solicitud —lo que se cumpliría al iniciar mayo— para que pueda aprobarse con mayoría absoluta —que el oficialismo alcanza sin problema.

La senadora Graciela Bianchi, coordinadora de bancada de los nacionalistas en la cámara alta, no dejó dudas al ser consultada por los medios esta semana: por razones de índole políticas y "éticas", su partido no la votará.

Y este jueves de tarde, en diálogo con El País, Bianchi expresó lo mismo con un agregado: "A nosotros no nos importa que el Partido Colorado la vote; nosotros no votamos la venia".

Otras fuentes nacionalistas indicaron que de momento "no hay ambiente" para un cambio de postura y que la "inclinación" de los senadores blancos es a mantener el rechazo.

El Frente Amplio sigue atento estas posturas y ya pasó un aviso a la oposición: la venia de Layera está "atada" al acuerdo general sobre los cargos de contralor ofrecidos a la coalición —unos 40—, como informó El País este miércoles, y que serán votados el martes que viene.

"Si no la votan, nosotros vamos a tener que elegir a quién votamos y a quién no", advirtió un senador del oficialismo.