Redacción El País
Es un día duro para la democracia uruguaya. Se animaron a todo”. Así reaccionó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, luego de que se conociera la resolución judicial que imputó a Marcelo Acuña, el gerente de Vertical Skies, una firma de “consultoría y equipamiento” integrada por varios exmilitares y con sede en Miami.

Acuña fue imputado ayer por un delito de cohecho calificado en la causa que investiga el seguimiento y el “armado de carpetas” con datos que pudieran usarse en contra de los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.

La intención, se denunció, era “extorsionarlos” para que retiraran la denuncia penal que hicieron los legisladores del Frente Amplio sobre el contrato que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie.

“Llegó la hora de que el presidente de la República asuma que gente de su confianza activó un mecanismo de seguimiento a senadores”, dijo Pereira. La referencia era hacia Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia presidencial, a quien Acuña le pidió realizar el seguimiento. Ante esto, el titular de la coalición de izquierda le reclamó al presidente Luis Lacalle Pou que se “rectifique” por haber minimizado las denuncias sobre espionaje.

“Ya no hay dudas”, señaló Pereira. “Se pasaron fronteras que hasta ahora no se habían pasado”, insistió. Y se preguntó “qué podrán hacer con el resto de la sociedad” si se espió a senadores.

Bergara, por su parte, dijo que la imputación a Acuña es el “medio vaso lleno” del caso. La parte “vacía”, indicó, es que aún se desconoce si existió y a qué costo, una contratación del servicio. “Todo esto fue por dinero. Por eso decimos que acá hay corrupción”, afirmó Bergara en conferencia de prensa. Y agregó como un debe que la fiscalía liderada por la fiscal Sabrina Flores todavía no logró determinar, ante la “falta de cooperación” de los involucrados, quiénes fueron los “mandantes originales” que pidieron la información y que “no querían que se metieran las narices en los negocios del puerto”. Bergara indicó que continuarán adelante con las acciones legales para conocer quién ordenó el seguimiento, lo que calificó como un “delito contra el funcionamiento democrático del país”.

A su turno, Carrera reparó en que la intención de la maniobra era “extorsionarlos” para no ejercer el control del gobierno. “El presidente, por acción o por omisión, es responsable”, afirmó Carrera. Y agregó: “Astesiano no cayó en el piso 4 de la Torre Ejecutiva sin una orden del presidente, del secretario y del prosecretario”, en referencia también a Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente.

Asimismo, consideró que la posibilidad de que el “espionaje” haya surgido desde el “corazón” de la Torre Ejecutiva sería algo sumamente grave.

Carrera coincidió con sus correligionarios en que Lacalle Pou, una vez conocida la imputación de Acuña, debería rectificar su postura original y, además, iniciar una investigación desde el propio Poder Ejecutivo para determinar las responsabilidades.

A Acuña lo imputaron en aplicación del artículo 158 del Código Penal. Allí se indica que incurre en esa conducta “el que invocando influencias, reales o simuladas, recibe, por sí mismo o por otro, provecho económico o acepta su promesa con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o para ejecutar un acto contrario al mismo”.

La pena prevista por esta conducta penal va de tres meses a cuatro años de cárcel. Tras la imputación, Acuña deberá fijar domicilio, no podrá salir del país sin autorización y tendrá que entregar sus documentos de viaje. Aún resta conocer si el imputado buscará un acuerdo abreviado con la Fiscalía en el que admita su delito aportando información y reduciendo la condena, o si se recorre la vía del juicio oral y público.