LEY FORESTAL

La “pulseada” entre Cabildo Abierto y los partidos socios de la coalición no se termina con el primer veto presidencial de la administración de Luis Lacalle Pou. El jefe de Estado confirmó su decisión e impidió que el proyecto de ley forestal impulsado por el partido de Guido Manini Ríos, y apoyado por el Frente Amplio, se convierta en realidad. Pero ahora los cabildantes preparan una nueva estrategia para regular la actividad forestal a través de una iniciativa parlamentaria para delimitar la actividad en las zonas francas.

La jornada del jueves fue la más compleja -en lo que va del periodo- para la interna del oficialismo, y si bien el presidente Lacalle Pou declaró públicamente que se necesita “desdramatizar”, y los dirigentes de los otros partidos dicen ante los micrófonos de los medios que la interna de la coalición “goza de buena salud”, el ambiente con Cabildo se ha tensado.

“Le voy a hacer ver (a Lacalle Pou) el gran error que va a cometer, nada más”, dijo Manini a El Observador en un artículo publicado ayer a la mañana. Horas después el jefe de Estado comunicó en una conferencia que lo recibiría en Torre Ejecutiva, de tarde, para escucharlo, atendiendo “la sensibilidad política” que encuadraba el asunto.

Pero el presidente no manejaba otra posibilidad que vetar el proyecto, y así fue que esperó al general retirado en su despacho. Lo hizo con el veto ya firmado e impreso, para entregárselo y para que pudiera leer los argumentos jurídicos de su decisión.

“El presidente tiene sus razones, sus explicaciones. Yo no estoy de acuerdo, pero cada uno tiene su visión del tema”, dijo el senador a la salida del encuentro.

El veto, en pocas palabras, tiene cuatro argumentos: “juridicidad”, “oportunidad”, “mérito” y “conveniencia”. El corazón de lo firmado por Lacalle Pou ya ha sido de alguna manera expuesto durante la extensa discusión parlamentaria: que una ley como la que impulsaba Cabildo Abierto -que entre otras limitaciones prohibía plantar en tierras que no hayan sido declaradas de prioridad forestal- iba a impactar negativamente “en la economía nacional” y que, en lugar de impulsar a un sector considerado de los más prósperos, lo iba a desestimular. Además, se advirtió que la ley era un muy mal mensaje al mundo empresarial, por sembrar dudas sobre la estabilidad institucional.

“El proyecto de ley aprobado no sólo generaría graves perjuicios económicos, sino que afectaría la seguridad jurídica, principio fundamental, imprescindible, para mantener el desarrollo económico, los procesos de inversión y el prestigio internacional del país conquistado históricamente”, dice también la resolución, que menciona además motivos de índole ideológicos, como que “en sociedades económicamente libres, y sin perjuicio de las diferentes regulaciones, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes circulen libremente, y se abstienen de toda coerción o restricción de esa libertad, más allá de lo necesario para proteger y mantener la misma”.

Hoy en Cabildo dan por superado este episodio. O al menos ese fue el clima que primó en la reunión de bancada de los cabildantes que se llevó adelante ayer al mediodía, como todos los jueves. Pero, sobre la mesa, inevitablemente, estuvo el análisis de la situación, y los caminos que seguirá transitando Cabildo en un tema que le preocupa y mucho.

Por un lado, según contaron a El País distintos participantes del encuentro, quedó claro que en el partido liderado por Manini se quedó la “tranquilidad” de haber “hecho todo lo posible” en este tema, y que el veto presidencial está dentro de las reglas de juego. “El presidente tiene todo el derecho en hacerlo y nosotros tenemos muy claro que acá la prioridad es la coalición de gobierno”, dijo en ese sentido el diputado Sebastián Cal.

Pero más allá de cuidar la unidad, los cabildantes saben que seguirán insistiendo con la necesidad de regular este sector de la economía, así como a aquellos a los que la normativa actual otorga ciertos beneficios para su crecimiento en detrimento de otros. En concreto, ayer se habló de un proyecto en el que está trabajando el senador Guillermo Domenech, que propone más controles para las zonas francas y que sea el Parlamento el que habilite sus extensiones, y que esto no quede al exclusivo arbitrio del Poder Ejecutivo, como ocurre hoy. “Conversamos que nuestra postura no está en contra del sector forestal en sí, sino que vemos la necesidad de regular la industria celulósica, para que esté en igualdad de condiciones con otros rubroS agropecuarios”, dijo al respecto el diputado Álvaro Perrone.

“Es un tema que se relaciona con las plantas de UPM y Montes del Plata, que son zonas francas. La idea es que antes de extenderles el plazo de este beneficio haya una negociación parlamentaria”, agregó Perrone, para quien esta iniciativa sería “un llamado de atención” para las multinacionales, que sabrán que, de aprobarse esta propuesta, tendrán que tener el beneplácito de todo el sistema político para renovar las exoneraciones.

Este planteo será presentado formalmente el año que viene, luego del referéndum contra 135 artículos de la LUC. “Presentarlo ahora no es oportuno”, explicó a El País el representante Rodrigo Albernaz. “Es mejor que sea después del referéndum, porque además hay muchos temas parlamentarios propuestos por Cabildo que también están arriba de la mesa”, sostuvo.