Redacción El País
Para que se levanten los vetos -totales o parciales- se necesitarían los votos de tres quintos de los miembros presentes, algo que no se espera que suceda. De esa manera, la voluntad del mandatario quedará firme.
Uno de los vetos, en este caso parcial, es uno de los que más polémica generó durante la discusión de la Rendición de Cuentas. Refiere a una inhibición a los fiscales penales para que no puedan ejercer en derecho penal durante un año.
La decisión del Parlamento determinó que los fiscales llevaran adelante medidas sindicales.
No obstante, el veto del presidente fue parcial ya que el mandatario mantuvo la prohibición por tres años que se decidió para el caso de los fiscales de Corte.
Esta resolución del presidente causó malestar en filas de Cabildo Abierto, principal impulsor del cambio legislativo. La exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y actual senadora, Irene Moreira, aseguró en la audición radial semanal de su partido que con el mandatario tienen “diferentes criterios”.
Lacalle Pou argumentó el miércoles que su decisión se basó en que “una cosa es ser un fiscal y otra cosa es ser el jefe de los fiscales”. “El fiscal de Corte administra todo lo que hace a la propia Fiscalía, tiene otro tipo de mandatos que me parece lógico que después de que se haya retirado tenga un plazo en el que no pueda ejercer el Derecho”, afirmó.
Otros tres artículos vetados refieren a quién puede dar habilitación de locales de carnicerías. Cabe recordar que, a través de la Ley de Urgente Consideración, el gobierno resolvió que era materia del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Ahora, los legisladores establecieron que volviera a ser decisión de las intendencias.
El documento que envió el Poder Ejecutivo argumenta que “no resulta oportuno la implementación de reformas legislativas de este tipo sin acuerdo expreso con los gobiernos departamentales”.
Por último, el mandatario decidió quitar de la Rendición de Cuentas una exoneración se había aprobado para empresas en el rubro de la comunicación.