Redacción El País
La investigación administrativa que realizó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por el accionar de Irene Moreira —la exministra cabildante que renunció a pedido del presidente Luis Lacalle Pou— encontró que “ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados” se “enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la resolución ministerial” en cuestión.

La investigación concluye que ninguno de los pedidos se “enmarcó dentro de la reserva de cupos” porque “no menciona como fundamento de los mismos”, y porque “no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma”.

A la tarde se realizó una conferencia de prensa donde el ministro Raúl Lozano —de Cabildo Abierto y quien asumió después de la salida de Moreira— señaló que el accionar de la exministra —de acuerdo a la investigación— “no fue un acto ilegítimo porque el administrador tiene la herramienta de la resolución de 2009” que avala su proceder. No obstante, sí hubo “falencias, errores e irregularidades en la adjudicación de los cupos”, añadió.

Además, apuntó que “hubo responsabilidad de ciertos funcionarios de carrera, con experiencia en el ministerio, por lo que son pasibles de sanción”. Estas personas “están pasibles de tener una observación, que será considerada cuando se hagan los descargos del caso”, acotó.

La resolución ministerial, donde se recoge parte de la investigación, señala que los empleados “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la secretaria de la exministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable en la materia”.

En ese sentido, el texto expresa que “ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados por la exministra se enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la resolución ministerial N°1058/2009, no solo porque no menciona como fundamento de los mismos, sino porque no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma”.

Por otra parte, Lozano aseguró —antes de dar detalles de la resolución— que “ninguna de las dos asesoras legales tuvo presión durante la investigación. Lo hicieron de manera libre”.

Hubo 12 casos de solicitudes, de 2020 a 2023, que surgieron a partir de correos que envió la secretaria de la exministra. En dos de ellos se realizaron adjudicaciones directas bajo la modalidad de arrendamiento con opción a compra, de los cuales uno quedó sin efecto. En otros cinco se otorgaron “autorizaciones de ingreso a viviendas en complejos, de los cuales tres quedaron sin efectos y dos fueron para un núcleo familiar en situación de violencia de género”, dice la resolución. Por último, en los cinco casos restantes “no se concedió solución habitacional”.

Por último, se resolvió que se “implemente un estudio pormenorizado tendiente a mejorar los procedimientos vigentes y especialmente para la adjudicación de soluciones habitacionales, otorgándole un plazo de 60 días”.

Foto: Francisco Flores.